Sobrepoblación carcelaria: “La Emergencia es la punta de lanza”, afirma el Comité contra la Tortura

El titular del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), Alejandro Armoa y el miembro del organismo, Paulo Pereyra, visitaron CIUDAD TV donde explicaron los alcances del documento con 14 recomendaciones para reducir la cantidad de personas alojadas en comisarías y penitenciarias, entre los que se destaca la sanción de una ley que declare la Emergencia Carcelaria

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“La Emergencia es la punta de lanza de un remedio que debe ser incisivo por la urgencia de la cuestión, acompañado de todo un esquema funcional y orgánico camino a erradicar este problema y nosotros tenemos alternativas de solución que tienen que ver con las 14 recomendaciones que hicimos en la Cámara de Diputados”, explicó Armoa.

En ese contexto, señaló que hay que analizar que actualmente son 1303 personas alojadas en comisarías “con el objetivo de buscar alternativas de reducción y de las reformas legislativas necesarias”.

Por su parte, Pereyra explicó que el diagnóstico sobre las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria surge a partir de la misión central que tiene asignada por ley el Comité Provincial de Prevención de la Tortura: los monitoreos que realiza en forma cotidiana en unidades de detención de toda la provincia del Chaco. “Las condiciones de hacinamiento son equivalentes a torturas”, aseguró. Y graficó que “que haya seis personas en un lugar para dos o doce en un lugar para siete como están las unidades policiales, son condiciones torturogénicas claras, evidentes e inhumanas”.

“Nosotros lo presentamos como propuesta legislativa de derogación de la ley de narcomenudeo, una ley de cupo carcelario, es decir una serie de propuestas que tienen incidencia legislativa. Pero también a otros poderes como la Procuración General y el Poder Ejecutivo les hemos hecho recomendaciones para el mientras tanto”, explicó el miembro del CPTCh y también integrante de la Asociación Pensamiento Penal (APP) Chaco.

En ese contexto, Pereyra recordó que desde hace un año que el CPTCh tomó la decisión de evidenciar la situación, junto a la Defensoría General del Poder Judicial que presentó múltiples acciones de hábeas corpus por las inhumanas condiciones de detención en las cárceles y penitenciarias de la provincia. “Estas condiciones no pueden sostenerse en un estado democrático, no se puede hablar de un estado democrático si no se dan condiciones dignas para la finalidad que tiene el encierro, que es la reinserción social, que también impacta en la seguridad pública”, afirmó.

Según reveló el miembro del CPTCh, los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa ya esgrimen las recomendaciones elaboradas por el organismo para oponerse a las prisiones preventivas de sus defendidos.

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