“El rol de los médicos es clave para poder detectar situaciones de tortura”

En diálogo con CIUDAD TV, la subdirectora del área de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Andrea Triolo, dio detalles del contenido del taller que ese organismo dictará en Resistencia sobre la aplicación del Protocolo de Estambul. Será este jueves, a partir de las 16, en el hotel Covadonga de Resistencia.

Advertisement

Andrea Triolo es subdirectora de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y directora del proyecto OPCAT, y se encuentra en Resistencia para dictar el taller de capacitación sobre los “Aportes de la medicina en la prevención y sanción de la tortura”, que tiene como objetivo promover el cumplimiento del “Protocolo de Estambul”, para la detección y registro médico y psicológico de casos de personas que se presuman hayan sido víctimas de torturas o malos tratos. El taller es gratuito y se dictará este jueves, a partir de las 16, en el hotel Covadonga de Resistencia. Lo hará junto a la directora del Observatorio de cárceles federales de la PPN y directora del proyecto OPCAT, Marta Monclús Masó; y el subdirector de la Dirección Legal y Contencioso Penal de la PPN, Rodrigo Borda.

“El rol de los médicos es clave para poder detectar situaciones de tortura y poder llevar adelante una investigación con una sentencia que determine cómo sucedieron los hechos”, reveló Triolo, de visita en el programa Agenda Circular, de CIUDAD TV. En ese sentido, puntualizó que “las situaciones de hacinamiento, de sobrepoblación, por supuesto que recrudecen o empeoran cuestiones vinculadas con la salud”.

“La salud en el encierro, es una cuestión muy obvia, no es lo mismo que afuera, hay situaciones que tienen que ver con las condiciones de detención que empeoran determinados cuadros o generan otras”, indicó.

En el marco de una investigación llevada a cabo por la PPN y financiada por el Protocolo Facultativo de Naciones Unidas, se realizaron encuestas a más de 200 personas privadas de libertad, entre mujeres y hombres, a personal médico dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a partir de las cuáles concluyeron que cuando las personas ingresan a los lugares de detención con enfermedades crónicas las condiciones de salud de las mismas “se agravan considerablemente y en un tiempo importante”.

Advertisement
Compartir