Seis policías imputados por la muerte de un interno tras el incendio de su celda en una comisaría de Sáenz Peña

A tres años de la muerte de Fernando Suárez, tras las graves quemaduras recibidas por un incendio en su celda de la Comisaría 4ª, un comisario y cinco agentes fueron imputados por homicidio culposo, encubrimiento y falsedad ideológica. Fundamental intervención del Comité Provincial de Prevención de la Tortura.

Marcha en reclamo de justicia por la muerte de Fernando Suárez en Sáenz Peña (Foto: archivo)

A tres años de la muerte de Fernando Emanuel Suárez, luego de las quemaduras recibidas por el incendio de su celda en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, un comisario principal y cinco agentes policiales fueron imputados en la causa por los delitos de homicidio culposo, encubrimiento y falsedad ideológica. Hasta hace un año, la investigación se encontraba estancada y no había ningún imputado en la causa que inicialmente se caratuló como “muerte dudosa”. Sin embargo, todos los indicios apuntaban a la desidia de los funcionarios policiales que no intervinieron a tiempo para evitar que el joven de 19 años padeciera quemaduras en más del 60 por ciento de su cuerpo, lo que, a las pocas horas, derivó en su muerte.

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Las similitudes con el caso Greco 

El caso presentaba muchas similitudes con el del artesano Juan Angel Greco, quién falleció tras las quemaduras sufridas en su celda de la Comisaría de Puerto Vilelas, en junio de 1990. El caso Greco llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que obligó al Estado Argentino y al chaqueño a adoptar una serie de medidas reparatorias a las violaciones de derechos que sufriera el artesano, además del juzgamiento de los responsables de su muerte. En aquel momento no existían ni el Comité Provincial de Prevención de la Tortura ni tampoco la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, que, justamente, fue creada como parte de los compromisos asumidos por el Estado chaqueño ante la CIDH para evitar que suceda otro caso Greco.

La intervención del CPTCh 

En el caso de Suárez, fue central la intervención del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh), que actúa como querellante en la causa a través del abogado Roberto Sotelo, ya que logró motorizar la realización de una pericia fundamental para desentrañar qué ocurrió el 20 de agosto de 2016, alrededor de las 20.25, en la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña: la de los teléfonos celulares de los agentes policiales que se encontraban de guardia cuando se produjo el incendio de un colchón en la celda de Suárez. Çon esa pericia concluida, la Fiscalía adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos de Sáenz Peña avanzó con la imputación de un Comisario Principal y de otros cinco funcionarios policiales, cuatro hombres y una mujer, por la muerte de Suárez y el posterior el intento de encubrimiento.

Comisaría Cuarta del Barrio Puerta del Sol en Sáenz Peña

El caso

Vale recordar que Suárez, de 19 años, había sido detenido horas antes y se encontraba alojado en una celda de la Comisaría Cuarta del Barrio Puerta del Sol de la ciudad de Sáenz Peña. Alrededor de las 20.25, se produjo el incendio de un colchón en su celda y, según se pudo reconstruir, los agentes policiales que se encontraban de guardia tardaron más de lo razonable en socorrer al detenido que sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo y falleció al día siguiente en el Hospital 4 de Junio de la ciudad Termal. Luego de producido el hecho, el gobierno provincial dispuso la intervención de la Comisaría Cuarta.

En un principio, quién asumió la investigación fue la fiscal penal Liliana Lupi, que a las pocas horas descartó que el personal policial estuviera involucrado en el hecho generando indignación entre los familiares del joven fallecido. Posteriormente, hubo varias movilizaciones de familiares, vecinos, dirigentes de movimientos sociales e incluso diputados y funcionarios provinciales, como el legislador saenzpeñense Ricardo Sánchez, y el exsubsecretario de Protección de Derechos Humanos, Néstor Sotelo. Además, en la causa se constituyó como querellante el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, representado por el abogado Roberto Sotelo, y el defensor oficial, Matías Jachesky, en representación de la madre de la víctima, por lo que se logró imprimirle una mayor celeridad a este nuevo caso de violencia institucional en la provincia del Chaco.

 

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