Femicidio de la adolescente wichí en Miraflores: la querella apunta a la responsabilidad del Estado

Carolina Aquino, la abogada que representa a la familia de María Magdalena Moreira, reveló a CIUDAD TV que ningún funcionario público denunció que la joven quedó embarazada a los 12 años y que tampoco se investigaron las denuncias por violencia de género contra el único imputado, Facundo Narciso. El cuerpo de la joven fue hallado sepultado en el patio del domicilio del imputado, en la ciudad de Miraflores.

Manifestación frente a la comisaría de Miraflores

El femicidio de María Magdalena Moreira, la joven wichí de 16 años que luego de varios días de desaparecida fue hallada sepultada en el patio de la casa del único imputado, comienza a arrojar luz sobre una serie omisiones de funcionarios públicos que pudieron haber evitado el trágico desenlace y que comprometerían al Estado en materia de responsabilidad civil.

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Es que, según reveló la abogada que representa a la familia e integra los equipos técnicos del Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), Carolina Aquino, más allá de la imputación a Facundo Narciso como presunto autor del femicidio de Magdalena, antes de ese hecho se produjeron una serie de incumplimientos por parte de funcionarios públicos que debieron proteger los derechos de la niña wichí. Entre esos incumplimientos se encuentra que ningún funcionario denunció el abuso sexual cuando la niña quedó embarazada del propio Narciso cuando tenía 12 años. Tampoco la Policía de Miraflores investigó una denuncia por violencia de género contra Narciso realizado por el padre de la víctima en abril pasado.

“Uno de los reclamos que tiene la familia hacia el gobierno de la provincia es por el hecho de que cuando María Magdalena fue a dar a luz a su hijo tenía 13 años recién cumplidos. Es decir, ella quedó embarazada cuando tenía doce años. Cuando un funcionario público toma conocimiento de una menor embarazada que podría ser un abuso sexual, debe hacer la denuncia pertinente. Eso nunca se hizo”, afirmó Aquino.

Además, la abogada querellante agregó que “tampoco se investigaron y se tomaron medidas con las denuncias que hizo el papá de María Magdalena por violencia de género contra el imputado, contra Narciso”. En ese sentido, reveló que “hay una denuncia, del mes de abril de este año, que el papá formula ante la Comisaría de Miraflores, porque toma conocimiento de unas fotografías que se difundieron por Facebook y por Whatsapp donde Narciso la está golpeando a María Magdalena”.

En ese contexto, advirtió que la única actuación en ese caso fue pedir un informe a Facebook para que certifique a quién pertenecía ese perfil. “No se tomó ninguna medida preventiva como una prohibición de acercamiento, tampoco se lo citó a él para notificarle esta denuncia, no se le tomó declaración de imputado. Lo único que se hizo fue esa actividad probatoria de solicitar informes a Facebook. Imagínense lo que demora eso, porque son informes que se piden a Estados Unidos”, sostuvo.

“Ante un hecho de violencia de género no podés esperar un informe para ver si vas a tomar medidas, tenés que tomar medidas de carácter preventivo, como mínimo una prohibición de acercamiento”, precisó. Al respecto, la abogada querellante explicó que “esta situación no va a influenciar en la investigación del hecho pero sí en una responsabilidad del Estado, que sería en la parte civil”.

“La confesión ante la autoridad policial no tiene validez procesal”

El fiscal de investigación penal Nº 2 de Juan José Castelli, Hugo Obregón, imputó a Facundo David Narciso, de 20 años, por el femicidio de María Magdalena Moreira. Se encuentra detenido y aún dentro del plazo procesal para que se le dicte la prisión preventiva que, según avizoró la abogada querellante, “de acuerdo a las pruebas colectadas y a la gravedad del delito, el fiscal tiene que dictar una prisión preventiva para que esta persona permanezca en calidad de detenido hasta el momento del juicio”.

Por otro lado, Aquino aclaró que la supuesta confesión de la autoría del hecho ante autoridades policiales por parte del imputado “no tiene ningún tipo de validez en el proceso penal” ya que luego se abstuvo de prestar declaración en su declaración como imputado. “Procesalmente, lo que vale es la abstención de declarar”, recalcó.

 

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