El juez Daniel Rafecas presentó sus propuestas para reformar el delito de tortura en el Código Penal

Luego de destacar esta iniciativa impulsada por el Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), el juez federal Daniel Rafecas hizo pública su propuesta de reformas al art.144 tercero del Código Penal referido al delito de tortura, vigente desde el año 1.984, y que, según indicó, requiere de una serie de actualizaciones, en sintonía con el planteo del CPTCh.

El juez federal Daniel Rafecas, uno de los disertantes de la Diplomatura

El Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) ideó el plan de trabajo e investigación: “Propuestas y reformas legislativas al tipo penal de tortura” y en ese escenario institucional se convocó a diferentes sectores vinculados a la temática para arribar a conclusiones sobre la propuesta. Especialmente, fue convocado el doctor Daniel Rafecas, juez federal de la Capital Federal, quién este viernes expuso sus conclusiones en la ciudad de Resistencia, en la sede del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

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Luego de destacar esta iniciativa impulsada por el Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh), el magistrado federal hizo pública su propuesta de reformas al art.144 tercero del Código Penal referido al delito de tortura, vigente desde el año 1.984, y que, según indicó, requiere de una serie de actualizaciones, en sintonía con el planteo y proyecto de investigación del CPTCh.

Los “particulares” como autores del delito de tortura

En primer lugar, el magistrado federal refiere a la necesidad de ampliar en el Código Penal la definición de los “particulares” a quiénes alcanzarán las mismas penas que a los funcionarios públicos (miembros de las fuerzas de seguridad) que cometieran el delito de tortura, que incluye no sólo tormentos físicos sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, “cuando tengan gravedad suficiente”.

En este sentido, Rafecas señala que sin dejar de ser un delito especial (cometido por funcionarios que pertenecen al aparato punitivo del Estado), la autoría de torturas también puede caberle a un particular (un detenido en comisaría o un recluso en un establecimiento carcelario que lo comete contra otro) que actúe bajo instigación o consentimiento de un funcionario público, por lo que propone incluirlo en la nueva redacción del párrafo en cuestión y que así la figura de tortura no pueda ser utilizada en casos de delitos comunes (robos o secuestros extorsivos), es decir, cuando no exista intervención de funcionarios públicos.

Adecuación de penas

Por otro lado, el juez federal plantea la necesidad de equiparar el máximo de la escala penal para los delitos de apremios ilegales y vejaciones con el mínimo del delito de tortura, es decir, entre los seis y los siete años de prisión. Para Rafecas, de este modo los tribunales podrían adecuar la pena sin resistirse a fijar la calificación más grave respecto del delito de torturas que, según señala, en no pocos casos suele ser retaceado en su aplicación por parte de las agencias judiciales al establecer un mínimo legal tan elevado (ocho años de prisión, igual a la pena por el delito de homicidio simple) prefiriendo encuadrar las conductas en figuras menos gravosas, como las de vejaciones o apremios ilegales.

Las “palizas” son torturas

Rafecas afirma, en este contexto, que en los últimos 35 años los Tribunales han sido remisos a apreciar torturas en casos como quemaduras de cigarrillos, métodos de inmersión o de ahogamiento de detenidos, conocidos como “submarino”. No obstante, subraya que donde esta cuestión “se ha tornado más crítica” ha sido frente al método habitual de tortura en cárceles y comisarías: las “palizas”. Según describe, ese tipo de prácticas de violencia institucional representan un 75% de las cometidas contra la población privada de libertad alojada en ese tipo de establecimientos. Respecto de las “palizas”, advierte que “casi siempre deberían enmarcarse como torturas, la regla es que, se termina condenando por vejaciones o apremios ilegales”.

Como conclusión de este análisis, el magistrado precisa que el mínimo de pena para el delito de tortura debiera ser de seis años (no de ocho como en la actualidad) para que muchos de los casos mencionados anteriormente “sean llamados por lo que son: tortura” y que sus autores sean condenados en el marco del art. 144 tercero.

Tortura seguida de muerte

Por último, Rafecas también formula una propuesta de modificación que diferencie las penas para los condenados por tortura seguida de muerte. En ese sentido, el magistrado federal propuso mantener la escala penal vigente de prisión perpetua por ocasionar la muerte del torturado de manera intencional (homicidio doloso). En cambio, para los casos en que se llega a la muerte por una actuación imprudente del autor de torturas (homicidio preterintencional) plantea una pena de doce a veinticinco años de prisión. En ese contexto, propone que la pena se aplique no sólo a los casos de tortura por conducta activa, sino también a todos los casos de tortura por conducta omisiva (privación deliberada al detenido de agua, comida, abrigo, ventilación, etc. disponible).

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