“Están divididos los criterios sobre si se recupera o no quien cometió un delito sexual”, afirmó el juez Lataza

El juez de Ejecución Penal, Raúl Lataza, brindó detalles de los procedimientos judiciales para el condenado por abuso sexual. Recordó que la modificatoria de la ley 24.660 en 2017 estableció la prohibición para otorgar beneficios como salidas transitorias o libertad condicional, aun cuando el interno muestre "progresividad" dentro del régimen penitenciario. Aseguró que no todos admiten el delito, factor indispensable para una intervención psicológica o psiquiátrica.

Raúl Lataza, juez de Ejecución Penal Nº 1.

El juez de Ejecución Penal Nº 1, Raúl Lataza, visitó los estudios de CIUDAD TELEVISIÓN, oportunidad en la que se refirió al proceso judicial que les cabe a personas condenadas por el delito de abuso sexual, condenas establecidas desde el artículo 119 del Código Penal con penas  puede darse de manera efectiva, temporal o perpetua, siempre que no se trate de un abuso simple y excarcelable.

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En el caso de las condenas en suspenso cuando se trata de un abuso sexual simple. “Se le aplican reglas de conductas, una de las más importantes suele ser la prohibición de acercamiento a la víctima. Hay presentaciones mensuales, una primera citación con la parte damnificada a quien se pone  en conocimiento del estado de la causas y son muchas veces las personas que nos alertan ante cualquier inconveniente. Esa, víctima suele tener botón antipático y ante cualquier evento o violación de la prohibición de acercamiento del condenado tienen nuestros teléfonos, nos alertan al Juzgado y podemos llegar a tomar alguna medida”, comentó.

A este dispositivo, sumó el Servicio Social del Poder Judicial, con profesionales que verifican en domicilio y entrevistas al condenado con libertad condicional el cumplimiento de esas reglas. En el mismo sentido trabaja el Centro de Liberados que depende del Poder Ejecutivo, con controles periódicos también en domicilios.

Mencionó la saturación de las comisarías y cárceles y el trabajo que se lleva adelante entre el Ejecutivo, la Defensoría General, el Ministerio Público Fiscal, “para aunar criterios y resolver esta situación”.

Por otro lado, en cuanto a los condenados por delitos sexuales, indicó que les hace un tratamiento penitenciario, “la persona tiene que ser permeable y tiene que aceptar el tratamiento psicológico, psiquiátrico, luego de la persona reconocer la comisión del delito y aceptarlo. Hay gente que no lo reconoce”, explicó.

Mencionó que el Servicio Penitenciario Federal de Neuquén cuenta con un tratamiento específico para abusadores sexuales con un equipo especializado.

“En materia de psiquiatras y psicólogos están divididas las aguas en cuanto a los criterios sobre si se recupera o no el agresor o la persona que cometió un delito sexual. Hay criterios que plantean que se trata de una forma de personalidad que no tienen tratamiento y que es muy difícil de poder llegar a trabajarla como para que no reincida en el delito. Y hay otra escuela de la psicología y la psiquiatría  que estiman que se puede llegar a bajar el porcentaje de gente que reincida”, afirmó.

En relación a su trabajo específico, afirmó que “en los casos que hemos tenido, podemos decir que un 50% reincidió”.

Recordó que en julo de 2017 la ley 24.660 sufrió una modificación y ahora establece que “los delitos sexuales, junto a otros delitos aberrantes, no van a tener ningún tipo de progresividad dentro del régimen penitenciario y no van a poder acceder al instituto de libertad condicional y salidas transitorias”.

Explicó que para abordar este tipo de delitos, también hay una Junta Médica Interdisciplinaria que determina la posibilidad o no de reincidencia. “Aquellos delitos que se han cometido de julio de 2017 en adelante no tienen en la ley posibilidades de salir”, aseguró.

Advirtió que “hay que tener mucha prudencia en resolver estos beneficios. Tenemos personas que están en pleno trámite de salidas transitorias y de libertad condicional. Se recolectan todos los informes  al servicio penitenciario, al servicio social del Poder Judicial. Se hace esta junta médica, se corre vista al fiscal, al defensor y tomamos en cuenta todos estos informes para resolver si se le otorga o no el beneficio y si se pone a esta persona en libertad o no”.

La perpetua para Cabeza por el femicidio de Tatiana

Consultado por el caso de Tatiana Kolodziey, cuyo abusador y femicida, el remisero Juan Cabeza, cumple condena perpetua. “El caso está en mi juzgado, la condena efectiva del Sr. Cabeza, tiene una pena perpetua. Fue un caso relevante que conmocionó a la sociedad. Pasado este evento la Ley 24.660 sufrió las modificaciones por las que se restringe a los delitos sexuales, todo tipo de salida”.

Con esto ratificó que efectivamente Cabeza, quien no fue alcanzado por la modificación de la Ley al momento del brutal femicidio, contaba con salidas transitorias y posteriormente “un colega nacional le otorga la libertad condicional que es donde lamentablemente termina cometiendo este hecho”, recordó.

Aclaró no obstante que los informes que analizan para resolver estos eneficios no son vinculantes para el juez de Ejecución. “En ese momento, el colega recolectó todos los datos e informes, incluso se pidió una ampliación al psiquiatra local, un dictamen negativo. El juez se aparta de ese dictamen y colecta todos los otros que eran positivos y termina otorgando la libertad condicional al señor Cabeza. Jurídicamente la sentencia no tiene reproche”, afirmó.

En cuanto al perfil de un agresor sexual, aseguró que en general tienen buena conducta. “Por lo general tienen buena conducta y desempeño dentro del régimen progresivo en la las unidades penitenciarias y comisarías”.

La figura del juez de Ejecución Penal

Explicó que, en general, el rol de un juez de Ejecución Penal es controlar las sentencias firmes “ya sean efectivas como condicionales”, además de los controles de suspensiones de juicio, de procesos a prueba, de hábeas corpus.

Mencionó las condenas efectivas por la comisión de diferentes delitos, pero también las temporales y perpetuas, en donde su tarea es controlar la ejecución de la misma, desde que quedó firme hasta el agotamiento de la pena. En todo el proceso se trabaja con la Ley de Ejecución Nacional 24.660, complementaria del Código Penal. Habló de una serie de fases o periodos, iniciando con el de observación donde es recepcionado por el servicio Penitenciario y avanza por 30 días una redacción de la historia criminológica del condenado. “Después tenemos un periodo de tratamiento que se divide en fases de Socialización, Consolidación y Confianza y un periodo de prueba donde podrá acceder a un régimen de mayor autodisciplina y a beneficios como salidas transitorias o libertad condicional o asistida.

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