Sobrepoblación: la Defensa Pública pide una ley de cupo en establecimientos penitenciarios

En diálogo con CIUDAD TV/RADIO CIUDAD, la defensora general adjunta del Chaco, Gisela Gauna Wirz, se refirió a la sobrepoblación de detenidos alojados en comisarías y alcaidías y exhortó a que el Poder Legislativo sancione una ley que fije un cupo ante las condiciones inhumanas que se viven en los lugares de detención.

Hacinamiento en la Comisaría Séptima de Resistencia

Durante la última semana, el Ministerio Público de la Defensa difundió el estado de las acciones de habeas corpus colectivos presentados durante los últimos años con el objetivo de hacer cesar las graves condiciones de detención que deben padecer las personas privadas de libertad en el Chaco tanto en comisarías como en establecimientos penitenciarios, algunas de las cuales se encuentran pendiente de cumplimiento.

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Las presentaciones judiciales partieron de los monitoreos que realiza ese organismo en centros de detención de la provincia del Chaco en los que se describen las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en comisarías y alcaidías.

En ese contexto, la defensora general adjunta del Poder Judicial, Gisela Gauna Wirz, reveló que a partir de 2016 se realizan periódicamente mesas de trabajo con funcionarios del Poder Ejecutivo (de los ministerios de Seguridad, Gobierno, Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario) para “solucionar los problemas más urgentes”. Sin embargo, advirtió que “estamos en un punto en que ya no podemos seguir llevando adelante estas reuniones si no contamos con la participación de los otros poderes del Estado”.

Gisela Gauna Wirz, defensora general adjunta del Poder Judicial

“Como Ministerio Público de la Defensa, somos parte del Poder Judicial, que también está integrado por el Ministerio Público Fiscal y la Judicatura, y también necesitamos la colaboración del Poder Legislativo porque tendría que existir una ley que establezca los cupos en los establecimientos penitenciarios, que se revea el presupuesto, y un trabajo coordinado entre los distintos poderes para tratar de ir paliando esta situación que, inevitablemente, ocasiona responsabilidad no solamente del Estado chaqueño sino del Estado Argentino a nivel internacional”, explicó.

Vale recordar que, también durante la última semana, el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco difundió su Informe Ejecutivo 2019 con 13 recomendaciones para reducir la cantidad de detenidos en comisarías de la provincia del Chaco.

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