Facchin se refirió a su intervención en el caso de la niña AA, que derivó en un fallo de la jueza Laura Varela que ordenó a los medios que se abstengan de “exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar a la persona menor de edad, a sus hermanos también sujetos menores de edad, como proporcionar datos relativos a las circunstancias bio-psico-sociales del grupo familiar de los niños, niñas y adolescentes involucrados”.
La asesora de Menores admitió que en el caso, como en otros que involucran a niñas, niños o adolescentes, se produce una colisión entre el derecho a la información de la sociedad y el derecho a la intimidad de la familia de la víctima, reconociendo que casos como el mencionado “generan una necesidad de información”. No obstante, también recalcó que “hay ciertos datos que no aportan nada más que un morbo”.
Facchin explicó que por tratarse de una niña “a la par que tenemos de preservar que el impacto del hecho de violencia que la ha llevado a las noticias no se profundice, tenemos todos un compromiso que es el de restaurar su situación”. Una de esas medidas es “tratar de desprender a esta niña de esta circunstancia trágica que ha atravesado, que su nombre no quede anexado necesariamente a esta situación de violencia”, precisó.
Sobre la intervención como asesora de menores, indicó que “aparecen distintas clases de violencia y una clase de violencia es el tratamiento mediático. Ella ha sido víctima de violencia, se encuentra sujeta a distintas intervenciones institucionales que pueden generar violencia también. La medida que se ha promovido -y que no es la primera vez- para casos donde existen hechos traumáticos de tipo sexual y el abordaje es terrible, sobre todo cuando hay un desenlace fatal. El ejemplo típico de violencia mediática es el de Angeles Rawson”, recordó.
Hasta dónde
Facchin advirtió que existen límites que se deben tener en cuenta a la hora de abordar el tratamiento noticioso de hechos de esta repercusión pública que no debe haber “una injerencia arbitraria en la vida, en la intimidad y en la imagen de esa persona menor de edad, que tiene que seguir viviendo, yendo a la escuela, y también de esa familia que también está atravesada por una situación traumática”. En este caso puntual, la asesora de Menores aclaró que “ha sido necesario que se promueva una medida judicial y que un juzgado como el Nº 5 haya tenido que dictar una medida autosatisfactiva porque habían comenzado a circular fotos de la niña del momento en que había sido hallada en el basural”.
“Este morbo a la par de la necesidad de instalar que sea AA, ni siquiera el prenombre, no tiene que haber ningún tipo de dato que identifique a esta persona menor de edad”, recalcó.
La asesora de Menores lamentó que “fue necesaria una medida judicial” luego de que hubiera comunicados de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia del Chaco y del Instituto de Derecho de Familia del Consejo de Abogados de Resistencia que habían solicitado “que se abstengan de hacer este tipo de tratamiento indebido de la situación de vida que atravesaba esta menor de edad”.
“El Poder Judicial es una pata dentro del sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Existe una responsabilidad de tipo comunitaria, todos podemos hacer un aporte”, consideró.
Sanciones penales y civiles
Por último, Facchín advirtió que en caso de no acatarse la sentencia, “hay sanciones de tipo penales y de tipo civiles. Todos tenemos una obligación legal de no dañar, en el caso de tener acceso a elementos o medios que puedan llegar a generar mayor daño, mayor va a ser nuestra responsabilidad”.
“La información se puede dar, no hay derecho absoluto a la información ni a la reserva de identidad pero sí se puede manejar con mayor precaución y prudencia y en lo que refiere a menores de edad hay siempre que tener presente que tienen una protección especial, un plus de protección”, puntualizó.
