Masacre de Napalpí: “La matriz es que hay derechos humanos para blancos y no para los pueblos originarios”

Así lo afirmaron los abogados que impulsaron la acción civil por la matanza de las comunidades moqoit y qom en 1.924, luego de que el Estado Nacional negara que haya existido una masacre indígena. “Esta matriz establece derechos humanos para blancos y no para nuestros pueblos originarios”, sentenciaron

Los abogados Carlos Díaz y Julio García visitaron CIUDAD TV

Carlos Alberto Díaz y Julio César García son los abogados que, en el año 2.004, impulsaron la acción civil para que el Estado Nacional reconozca su responsabilidad en los hechos conocidos como la Masacre de Napalpí cuando la Policía del por entonces Territorio Nacional asesinó a más de 400 miembros de las etnias qom y moqoit para aplacar una protesta por mejores condiciones laborales. Este miércoles visitaron los estudios de CIUDAD TV para explicar su postura respecto del alegato del Estado Nacional en el juicio que se tramita en el Juzgado Federal de Resistencia en el cuál negó que haya existido un genocidio de las comunidades originarias y que está próximo a tener una sentencia.

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“Las negaciones del Estado Nacional llegan mucho más allá de una defensa técnico jurídica. El negar que fue un genocidio, decir que haber asesinado a más de 500 personas fue solo un mero hecho policial, establecer que esos crímenes han prescripto. Realmente da una matriz que ya se repitió, lamentablemente, en el juicio que ahora obtuvimos sentencia hace pocos días de (la Masacre de) Rincón Bomba en Formosa”, reflexionó Díaz, uno de los integrantes de la Asociación “La Matanza” que impulsó la acción civil. En ese sentido, recalcó: “esta matriz establece derechos humanos para blancos y no para nuestros pueblos originarios, va más allá de la cuestión jurídica y produce una indignación muy grande en las víctimas de este hecho tan luctuoso para la historia del Chaco y del país”.

Por su parte, Julio García, quién actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Derechos Humanos del Chaco, consideró que “en general, el Estado ha mantenido lo que se denomina negacionismo, una postura de negar los hechos históricamente”. Recordó, en ese contexto, que “si uno se remonta al expediente original hablaba de una refriega entre indígenas. Recordemos que los pueblos originarios afectados por este genocidio, por este hecho luctuoso, es el pueblo moqoit y el qom o toba como lo conocemos”.

“El negacionismo tiene que ver con negar el hecho en sí, con negar las víctimas, las afectaciones y también echarle la culpa a la víctima”, subrayó el abogado. Al respecto, advirtió que el alegato del Estado Nacional menciona un conflicto político entre el gobierno socialista de la ciudad de Resistencia y el gobierno radical en el orden nacional. “Siendo condescendiente, esto se podía sostener al comienzo en una defensa técnica, pero no en la actualidad “con el cúmulo de pruebas, de documentos, de información que se generó a partir de esta causa, con todos los libros y la documentación que surgió en el expediente y con todos los testimonios”, reflexionó.

García recordó que “en el Chaco hay algunos sobrevivientes que han testimoniado sobre la existencia de la causa, sobre la entidad de la afectación que tuvieron los pueblos indígenas y por lo tanto surge de manera nítida la responsabilidad del Estado. Hoy los abogados de la Procuración tratan de negar, y no le quitamos responsabilidad porque hay responsabilidad política en mantener este negacionismo”.

El actual subsecretario de Derechos Humanos reveló que luego de la difusión de la postura negacionista del Estado Nacional –que publicó en exclusiva CHACODIAPORDIA.COM– recibieron pedidos de reuniones por parte de distintos referentes del pueblo Qom con el objetivo de evaluar una estrategia para sentar su posición. “Al tener un pueblo afectado, víctima de un genocidio, se tienen que dar una serie de acciones positivas de parte del Estado Nacional que en este momento no se están dando y es eso lo que un poco van a reclamar los distintos referentes indígenas”, explicó.

“En general, la conducta del Estado para con los pueblos indígenas es de racismo, de colonización. Tenemos un estado colonizado con patrones de etnicidad que muchas veces se trasunta en superioridad de los funcionarios hacia los pueblos indígenas”, analizó García. En ese sentido, ponderó que “los pueblos indígenas hacen un ejercicio de la memoria de manera activa, se les había negado el acceso a la justicia, en eso nosotros somos una herramienta, un instrumento al servicio de los pueblos indígenas y eso contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en estas causas que son colectivas y que no solo tienen que ver con los pueblos indígenas sino con la verdad histórica de un colectivo de diversidad que es la Argentina”.

La investigación penal, en la misma sintonía

Por último, Díaz destacó la actuación de los fiscales federales Diego Vigay y Patricio Sabadini que iniciaron una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos en Napalpí con la intención de realizar un “Juicio por la Verdad” donde el Estado Nacional reconozca que se trató de un delito de lesa humanidad cometido contra la población civil. “Coincide en todos los aspectos con el planteo que se realizó allá en el año 2004”, ponderó el abogado. Y recalcó que “esto no es una cuestión unilateral sino que ahora hay pruebas coadyuvantes muy importantes logradas en esta investigación que hicieron los fiscales que, evidentemente, van a tener mucho peso en la sentencia que en definitiva se dicte”.

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