Gatillo fácil: comenzó el juicio contra dos prefectos por el crimen del chofer Víctor Alegre

A casi tres años del asesinato del chofer de la Cámara Federal de Apelaciones, el martes y miércoles se desarrollaron las primeras audiencias del juicio oral contra los prefectos Claudio Sánchez y Walter Pérez. Sánchez está acusado de homicidio agravado mientras que Pérez solo fue imputado por abuso de armas.

El chofer Víctor Alegre murió tras ser baleado por un integrante de Prefectura Naval. La propia fuerza intentó encubrir el crimen. En la imagen se puede ver el auto de Alegre tras sufrir la balacera.

Fue un relato intenso y emotivo. Este martes, ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, Araceli Alegre (26) recordó cómo la tarde del 22 de agosto de 2016 -mientras regresaba de un día de pesca con su padre- dos hombres en moto vestidos con ropa tipo militar los persiguieron a los tiros por la ruta provincial 63.

Los dos desconocidos eran en realidad prefectos -los cabos Walter Pérez y Claudio Sánchez-, quienes, al darse cuenta de que habían matado a Víctor Alegre (50), dijeron haberlo confundido con un narco.

Alegre trabajaba como ordenanza y chofer en la Cámara Federal de Chaco. Ese 22 de agosto, dos amigos viajaban detrás suyo en otro auto. Estos también declararon en el comienzo del juicio y dijeron que no habían notado ningún control de ninguna fuerza de seguridad sobre la ruta, detalle que fue resaltado por el fiscal Federico Carniel, quien cree que la “confusión”, en realidad, fue una coartada preparada con posterioridad.

Según reconstruyeron la jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Carniel, el cabo Sánchez disparó al menos 11 veces contra el Palio en el que viajaban Víctor y Araceli. Lo hizo, sostuvo él, porque el sospechoso se negó a detenerse cuando se lo ordenaron.

La versión de la hija de la víctima es muy distinta. La joven declaró en la causa que ese día iban por la ruta provincial 63 cuando, luego de pasar el puente San Pedro, dos hombres en moto se les pusieron a la par y les hicieron señas para que se detuvieran. Estaban vestidos con ropa tipo camuflaje, no llevaban nada que los identificara como prefectos.

Cuando los vio, la chica se asustó, le pidió a su padre que acelerara y tomó su celular. Entonces le mandó un mensaje a unos amigos que iban detrás, advirtiéndoles que dos hombres en moto habían querido robarles. Éstos corroborarían su historia ante la jueza Niremperger, mensaje de WhatsApp incluido.

A los pocos segundos, los hombres en moto volvieron a aparecer, pero esta vez ambos llevaban armas en sus manos.

El prefecto Claudio Sánchez (con capucha) es el principal acusado de disparar y matar a Víctor Alegre.

Araceli se asustó aun más y su padre intentó dejar la moto atrás. Fue entonces cuando los prefectos comenzaron a dispararle al Palio y una de las balas -salida del arma de Sánchez- le destrozó la aorta a Víctor.

El auto, ya fuera de control, chocó contra un árbol y se detuvo. Entonces, casi al mismo tiempo que los prefectos se daban cuenta de que habían baleado un inocente, apareció a unos pocos metros del Palio una bolsa con 400 gramos de marihuana.

La droga “plantada” fue un elemento importante al momento del procesamiento de otros ocho prefectos más por encubrir a sus compañeros. Así lo decidió la juez Niremperger, quien consideró que “existió un plan de acción conjunta entre los diversos involucrados destinado a encubrir el homicidio de Alegre”. Y su visión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Resistencia, que dejó firmes los procesamientos el 10 de abril pasado.

Gatillo fácil vs. protocolo

En diciembre del año pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, firmó la resolución 956 por la cual se creó un nuevo protocolo para el uso de armas en las fuerzas federales (PFA, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

La nueva reglamentación avala a los policías que disparen a sospechosos de delitos cuando éstos huyan tras cometer un delito o cuando se presuma una alta probabilidad de que puedan provocar graves daños a personas sin estar armados.

No bien se dio a conocer la norma interna a traves del Boletín Oficial, los prefectos Perez y Sanchez pidieron al Tribunal su sobreseimiento. El fiscal Federico Carniel se opuso y los jueces Lucrecia Badaró, Juan Manuel Iglesias y Victor Alonso difirieron su respuesta hasta el comienzo del juicio oral, que será ahora.

La aplicación o no del protocolo y el hecho de si el prefecto Sanchez tiró o no a matar serán cuestiones centrales a debatir en el juicio, en este típico caso de gatillo fácil. Hoy la defensa jugara sus cartas con un perito balístico que intentara demostrar que no se tiro a matar.

FuenteClarín
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