“Se hizo un examen profundo y detallado y sí, se han encontrado lesiones que son compatibles de manera contundente con malos tratos, torturas, lesiones en zonas del cuerpo que usualmente no se dan cuando son producidas por otro tipo de hecho o suceso”, confirmó Ramírez.
El perito, quién participó de la reautopsia junto a su par Virginia Creimer, contratada por la querella que representa a la familia de Ponce de León, dieron a conocer los resultados de la pericia realizada este lunes en la sede del Instituto Médico Científico Forense (IMCIF), en el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. De la reunión participaron los padres de Ponce de León y también todos los abogados querellantes que representan a la familia, a la Secretaría de Derechos Humanos y al propio Comité contra la Tortura, además de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco, Gladis Cristaldo.
“En mi caso –explicó Ramírez- me pidió el Comité de Prevención de la Tortura que participe en esta autopsia”, y reconoció que este nuevo informe “le da un giro, un nuevo impulso (a la causa) ya que no se condice con el accionar agresivo de una sola persona sino que deberían existir varias personas para provocar este tipo de lesiones”. “Tampoco da para que en 20 minutos se produzcan este tipo de daños o perjuicios sobre el cuerpo de la víctima”, completó el perito.
Con respecto a la metodología aplicada, Ramírez explicó que “hemos aplicado un sistema que se llama Protocolo de Minnesota, que es un trabajo científico, autópsico, dirigido justamente a este tipo de problemas cuando existen malos tratos, vejaciones, muertes, de una persona a manos de fuerzas de seguridad o gente que depende del Estado”.
La causa está actualmente en manos del fiscal Sergio Cáceres Olivera pero, luego de esta nueva revelación en la investigación, debería ser investigada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que conduce el doctor Daniel Turraca, y que fue creada justamente para intervenir en casos que involucren a funcionarios de las fuerzas de seguridad aunque el funcionario del Ministerio Público Fiscal desde el principio se declaró incompetente para entender en este caso.
