Desde el Chaco promueven debatir la actualización del delito de “tortura” en el Código Penal

El presidente del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, Alejandro Armoa, elevó una nota a su par de ese organismo nacional, Jorge Dagostino, con el objetivo de impulsar un debate por la actualización del delito de “tortura” en el Código Penal Argentino. Lo explicó en su visita a los estudios de CIUDAD TV, junto a su par, Paulo Pereyra

Alejandro Armoa y Paulo Pereyra, presidente y miembro del Comité de Prevención de la Tortura

El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco decidió impulsar un amplio debate para la actualización de los alcances del delito de “tortura” de cara a la sanción del nuevo Código Penal Argentino, cuyo proyecto fue presentado la semana pasada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el Congreso Nacional. La idea del organismo provincial es que la misma sea tomada por su par nacional y que el delito de tortura se adecue a los tratados internacionales vigentes.

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“Entre las facultades que tiene la institución está la de proponer cambios legislativos, esta vez saltamos el cerco provincial y nos vamos al Congreso mirando con actitud crítica puntualmente uno de los artículos que más usamos en las querellas, que es el tipo penal de tortura y todo lo que implica violencia del Estado en contextos de entierro”, explicó el presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Alejandro Armoa. En principio, la idea es elaborar una investigación regional con la participación de docentes de la UNNE, la UNCAus, la Secretaría de Derechos Humanos provincial, asociaciones civiles como Pensamiento Penal, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del de la Defensa para empezar a rediscutir el tipo penal de torturas. “Una vez concluidas, que sea parte de un proyecto de ley en esta movida reformista sugiriendo, en nuestro carácter de Comité, la reforma de ese tipo penal”.

“La investigación debe formar parte de tiempos prudentes, queremos terminar el temario para a fines de este de 2019 elevar el proyecto de ley al Congreso, y entendemos que estas cuestiones electorales no van a hacer que se traten por lo cual nos genera el tiempo a nosotros para elevar nuestra voz desde el Chaco”, estimó.

Pereyra: “Fue un texto pionero pero hoy necesita una reforma”

Por su parte, el abogado Paulo Pereyra, miembro del Comité Provincial contra la Tortura y especialista en casos de violencia institucional, reveló que “el objetivo tiene que ver con nuestras experiencias en el litigio, en las querellas, y en las acusaciones contra los perpetradores de este delito, las deficiencias que encontramos en el texto legal penal”.

Reconoció que “en su momento fue un texto pionero, pero en el transcurrir de los años nosotros entendemos que necesita una reforma y para que sea la más adecuada en términos institucionales, científicos, dogmáticos, entendemos esta convocatoria como central”.

Pereyra recalcó que “el disparador tiene que ver con esta inquietud, cómo redactar de nuevo ese texto penal, cómo se van a ver las penas que contiene el delito de torturas”. Sin embargo, aclaró que “a todo esto no lo hacemos como una conclusión sino como una convocatoria a estos sectores que tienen conocimiento en la materia y que comparten la inquietud del incumplimiento del Estado Argentino de un tipo penal que contemple acabadamente estos malos tratos cometidos por el propio Estado”.

“A su vez, también, cómo los tribunales van a tratar estos actos muchas veces calificando con delitos con penas más leves, cómo transferirla a una nueva legislación penal más adecuada a los estándares internacionales y a los requerimientos de las víctimas, que es con las personas que más tratamos”, explicó.

Nuevos métodos de tortura

“Los métodos de tortura, como toda criminalidad, se van complejizando, cada vez es más difícil investigar este tipo de delitos. Y también hay que revisar las penas, el quantum, porque muchas veces por ver la pena que tiene el delito de tortura se termina recalificando otro tipo de conductas que nada tienen que ver con lo que aconteció”, cuestionó.

Por último, Armoa insistió en que el objetivo del Comité no es promover aumentos de penas sino “generar la discusión y el debate” en el marco de un proceso de justicia que corresponde conforme a los tratados internacionales como el Tratado de Roma.

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