Delitos sexuales: aclaran que “son datos de personas detenidas en las Comisarías”

La integrante del Comité Provincial contra la Tortura, reconoció las cifras de detenidos a quienes se atribuye ese tipo de delitos aberrantes, pero aclara en CIUDAD TV que “por ahora se les acusa”, y que son cifras relativas a aprehendidos y alojados en Comisarías. Acotó, además, que la presencia de organismos de Derechos Humanos contribuye a moderar situaciones de violencia.

Ariela Alvarez en "Agenda Circular".

La noticia de que la mitad de las personas privadas de la libertad tiene que ver con delitos sexuales, repercutió en toda la sociedad. Sobre el particular, Alvarez afirmó que “hay que hacer una serie de precisiones. El documento es un insumo nuestro y los datos son ciertos, provistos por la Jefatura de Policía. Los analizamos para conectarnos con el objetivo de prevención que tiene el Comité”.

“Nuestra misión es velar que las personas privadas de libertad no sufran ningún tipo de maltrato o torturas. Somos un ente autárquico, con funcionamiento autónomo y la Legislatura nos administra los recursos, mientras controlamos todo lo que es la política pública de las personas privadas de la libertad”, precisó la funcionaria.

Especificó además que el Comité Provincial contra la Tortura “tiene nueve miembros. Cinco son representantes de la sociedad civil y el resto son de representación (2 de Diputados, 1 Judicial y 1 del Ejecutivo), y tenemos como personal alrededor de 30 personas con distinta figura (contratos, etc.). Nuestro principal trabajo es de monitoreo, ir a los lugares de detención y entrevistar a las personas, como también ver las condiciones de detención. Cuando a una persona se le impone una pena, esta tiene por objeto la resocialización, no el castigo”.

“Estos son datos de personas detenidas en las Comisarías. Es una primer preocupación que venimos advirtiendo porque el número creciente, lo que nos ha expresado también la ministra de Gobierno. Hay 1.200 alojados en Comisarías, que no están preparadas para eso, siendo que la Policía tiene el objetivo de prevención”, resaltó.

“Son personas que fueron aprehendidas y se les imputa un delito y tienen que atravesar todo el proceso judicial”, dice Alvarez; para agregar que “nos preocupan alrededor de 156 personas que ya tienen condena y continúan en las Comisarías, porque ellas tienen que iniciar un proceso para su reinserción. A veces agotan la pena y nunca tuvieron la oportunidad de terminar ese proceso de recuperación”.

Luego, expresó que “hay provincias que no tienen personas privadas de la libertad en Comisarías. Esto requiere un largo proceso, ya que la cárcel no necesariamente contribuye a la resocialización. Hay un proyecto para ampliar en dos Centros de Recuperación la capacidad para trasladar a los detenidos. Es insuficiente, pero es un paso que se da”; dejando su impresión de que “las medidas alternativas son pulseras y canilleras electrónicas y las que se aplicaron en la provincia tuvieron buenos resultados. Es una alternativa que tendrá que ir analizándose”.

Vuelve sobre las estadísticas con que inició la nota, aseverando que a esas personas “se les acusa de haber cometido delitos contra la integridad sexual, todavía no están condenados”.

Alvarez también defiende con entusiasmo su trabajo y el del Comité, y dice que “cuando discutimos de seguridad o de inseguridad en las calles, discutimos de una parte de lo que ocurre. Los ámbitos privados siguen siendo de peligro para nuestros niños”, y que “no siempre la estrategia pasa por la cárcel. Hay otras políticas públicas”.

“Nosotros nunca discutimos la perspectiva de la víctima, nos toca la responsabilidad de pensar en políticas públicas. Lo que nosotros velamos es que tengan condiciones mínimas y no hayan perdido sus derechos, su salud, la posibilidad de educarse, etc.”.

Exhibe luego con orgullo que “nuestra provincia fue la primera en el país en conformar el Comité de Lucha contra la Tortura. Trabajamos en forma articulada con la Secretaría de Derechos Humanos, y la presencia de estos organismos contribuye en mucho a moderar situaciones de violencia”.

Y sobre los reclamos de los detenidos que expresan al momento de ser entrevistados, afirma que “el principal tiene que ver con la oportunidad de educarse y trabajar. Las personas privadas de libertad piden trabajar, y hay experiencias sumamente auspiciosas, con carreras universitarias incluidas”, finalizó Ariela Alvarez.

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