“En realidad, en nuestra Delegación Regional realizamos un plenario el 21 donde teníamos que decidir la modalidad, ya que la adhesión era indiscutible. Se ha decidido en forma unánime la adhesión de todos, con representantes sindicales de los 3 poderes del Estado, con adhesión del 100% y la modalidad sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización”, expresó Graciela Aranda.
“No habrá medios de transporte. Consideramos que va a ser contundente, con altísimo acatamiento. Creo que es visibilizar el descontento y malestar que está sufriendo el pueblo trabajador en su conjunto, y la ciudadanía en general, que la vemos en pleno retroceso en todos los aspectos, fundamentalmente en lo económico”, agregó la dirigente judicial y de la CGT.
“Al no haber una economía humanizada, hay un arrebato de sus propios recursos necesarios para la subsistencia. En el sector de la construcción tenían 15.000 afiliados en diciembre de 2015, y hoy no llegan a 3.000. La industria textil también, a raíz de la libertad de importación, no puede competir con productos de otros lugares, y hubo una importante baja. El comercio ha cerrado. Cientos de trabajadores están en la calle. También empleados públicos nacionales”, analizó como los que sufrieron las consecuencias de esta crisis.
Agrega que “en esta cadena desembocamos, con desempleo, mayor desocupación y pobreza, que es lo que estamos viviendo. El cierre de comercio afecta la fuente de trabajo. Cuando se ven esas vidrieras vacías hay que ver cuánto era el alquiler, los impuestos, la luz y lo que necesitaban los comerciantes para mantenerlo”, debiéndose considerar asimismo que “no somos una provincia con una alta producción. No ayuda para nada lo climático. Suma a la mayor gravedad de lo que se está viviendo”.
Para Aranda, “las políticas públicas implementadas a nivel nacional ahogan aún más. Salarios bajos son consumos de pobreza, Una hiperinflación, ante salarios bajos que pierden constantemente su poder adquisitivo. Es la consecuencia de esta economía estancada que viven los trabajadores”.
Denuncia que “hay una especulación financiera, está enriqueciendo y mucho a muy pocos, en detrimento de la gran mayoría del pueblo”, en una situación en la que “tiene mucho que ver lo que informan los medios nacionales. Mezclan todo el tema judicial, con la corrupción”, mientras que “hay un grupo duro que pretende seguir acumulando su riqueza, llevando millones de dólares al exterior, y no generan más industria, trabajo, reactivando el empleo. Seguramente ellos ya tienen garantizados sus millones en otra parte del mundo, que para nada llega al trabajador que está pensando cómo llega al 15 de cada mes. Esto está muy lejos de lo que significa la justicia social”.
Graciela Aranda expresó que tiene “33 años de servicio en el Poder Judicial. Soy Secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco hace 10 años” y sobre sus salarios, afirma “tenemos que decir que no estamos muy bien. A nivel país estamos muy por debajo de la Justicia Federal. Estamos entre las provincias peor pagas”, concluyó.
