El 24 de marzo y el Comité de Prevención de la Tortura

A 43 años de aquel 24 de marzo que marcó a generaciones enteras de argentinos con la despolitización los miembros, secretarios y trabajadores del Comité de Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes ( CPTCh) expresó sus sentimientos de dolor y recuerdo.

Casa por la Memoria (exBrigada de Investigaciones)

“Conmemoramos el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no pudiendo silenciar el dolor que aún sentimos al recordar a los compañeros detenidos-desaparecidos y a la vez reivindicándolos y sosteniendo las banderas de la justicia social, la solidaridad, la inclusión y la libertad”.

“Las causas por los delitos de lesa humanidad evidenciaron que los militares jamás pudieron luchar contra el terrorismo porque ellos eran el terror mismo y lo generaban en cada tortura, en cada allanamiento, en cada bebé sustraído, en la política económica planificadora de miseria que en días convertía barrios enteros en las llamadas “villas miseria”, en las aulas de las escuelas, de las universidades, en las calles”.

“En el Chaco, Ruiz Palacios, Serrano y Zucconi administraron el plan de exterminio, mientras Ceniquel y Thomas proveían la mano de obra que trabajaba en los sótanos de la Brigada de Investigaciones”.

“El CPTCh trabaja incansablemente, a través del diálogo con las autoridades del gobierno y la sociedad civil, para lograr implementar todas las medidas tendientes a garantizar el mejoramiento de las circunstancias de vida de las personas privadas de su libertad en las cárceles del Chaco y para que la violencia institucional no sea una cuestión cotidiana, derribando la cultura del secreto y transparentando las condiciones infrahumanas en las que viven”.

Concluyen diciendo que “El Comité de Prevención de la Tortura es único porque ningún otro instrumento provincial, nacional e internacional de derechos humanos prevé un mecanismo de visitas con un mandato tan poderoso como ir donde sea, cuando sea necesario, observar, recabar la información que requiera y comunicar, en relación con la situación de cualquier persona privada de su libertad bajo la supervisión de funcionarios públicos, según los alcances de la Ley 1798-B”.

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