Defensores públicos, contra la baja de imputabilidad: “Un adolescente no llega al delito de forma mágica”

La defensa general del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, explicó la postura institucional del Consejo de Defensores de la Argentina que rechaza la baja de la edad de imputabilidad y el agravamiento de penas para adolescentes que impulsa el gobierno nacional. Dijo que el Estado debe invertir en hacer funcionar el sistema de protección integral para prevenir

Alicia Alcalá, defensora general del Poder Judicial del Chaco

“Como siempre, la solución se corta por el hilo más fino, que es el castigo a los niños y adolescentes en vez de haber invertido el Estado en la prevención”, reflexionó Alcalá, en declaraciones a CIUDAD TV/RADIO CIUDAD. Así, la titular del Ministerio Público de la Defensa del Chaco explicó los alcances de la postura difundida por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina que expresó su rechazo al anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil presentado días atrás por el gobierno nacional que promueve la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años.

“No coincidimos con el punto básico que es la baja de la edad de imputabilidad. Pero también hay otros puntos como la prisión preventiva para los adolescentes. En general, el proyecto podríamos decir que es factible pero no consideramos que esté correcto en estos dos puntos”, aseguró Alcalá. La funcionaria chaqueña recordó que durante el año pasado se realizaron diversas reuniones con especialistas de todas las provincias y también de nivel internacional, como integrantes de UNICEF, donde el Comité por los Derechos del Niño exhortó a la Argentina a que no baje la edad de imputabilidad y que no se agraven las penas para los adolescentes, “esos dos puntos no son respetados en este proyecto”, reveló.

En ese contexto, Alcalá consideró que el proyecto presentado por los ministros de Justicia, Germán Garavano, y Seguridad, Patricia Bullrich, responde a la realidad de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe que no han implementado aún el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes que quedó plasmado a nivel nacional en la ley 26.061sancionada por el Congreso en 2005. “Hay niños que todavía siguen siendo judicializados sin tener que hacerlo, de allí que consideran que cuando un niño de menor edad se encuentra involucrado en un hecho delictuoso tendría que intervenir el Estado aplicando ciertas sanciones”, describió la defensora general. Sin embargo, advirtió que, en realidad, se “tuvieron que aplicar medidas diferenciadoras a través del sistema de protección integral, y que la mayoría de las provincias han sancionado leyes enmarcadas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

Prevenir con el sistema de protección integral

“Creemos que, como siempre, la solución se corta por el hilo más fino, que es el castigo a los niños y adolescentes en vez de haber invertido el Estado en la prevención”, cuestionó Alcalá. En ese sentido, consideró que “un adolescente no llega al delito de forma mágica y de un día para otro, es un largo camino de vulneración de derechos, quizás desde que nació o antes, si el Estado estaría realmente comprometido con la niñez y la adolescencia no vulneraría tantos derechos, no dejaría tan solos a estos niños y adolescentes, y en la calle. Porque en general tenemos falencias de las familias o familias ausentes, y la calle más la droga llevan a cometer delitos”.

“El 1,5 por ciento de los delitos que se cometen lo hacen adolescentes entre 16 y 18 años, no es un número como para sancionar una ley de estas características. Y si bajamos la edad a 14 o 15 años aún es menor el porcentaje. Entonces no encontramos realimente cuál es la razón lógica para presentar un proyecto de estas características sin haber aplicado primero correctamente el sistema de protección integral de derechos”, subrayó.

Compartir