Un STJ ad hoc confirmó el archivo del juicio político a la ministra María Lucas

En un fallo dictado a principio de mes, el máximo tribunal compuesto por jueces subrogantes ratificó el archivo del jury contra la jueza del máximo tribunal por la resolución que originó el megajuicio millonario contra el Estado chaqueño por parte de trabajadores y funcionarios judiciales

Dra. María Luisa Lucas.

Un Superior Tribunal de Justicia ad hoc desestimó los recursos de inconstitucionalidad del Poder Legislativo y la Fiscalía de Estado y así dejó firme el fallo de segunda instancia que había confirmado el archivo del juicio político contra la ministra del máximo tribunal, María Luisa Lucas, que le había iniciado la Cámara de Diputados del Chaco en 2016 por ser una de las firmantes de una resolución que derivó en una multimillonaria demanda contra el Estado chaqueño.

El fallo, al que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictado el pasado 5 de febrero y lleva las firmas de los camaristas Diego Derewicki, Marta Alonso, María Eugenia Saez, Gladys Zamora y Osvaldo Verón.

Megajuicio millonario sin responsables

En 2016 el Parlamento chaqueño le inició un juicio político a Lucas por presunto “abuso de autoridad, mal desempeño y falta a los deberes de funcionario público” por la firma de la resolución 858 del año 1991, teniendo en cuenta que es la única ministra que sobrevive de aquella conformación del Superior Tribunal de Justicia. Aquella resolución violó la ley 2895, más conocida como “ley de enganche”, mediante la cual el Superior Tribunal de Justicia se otorgó un aumento salarial que no trasladó al resto de los trabajadores judiciales provocando consecuencias financieras catastróficas para la provincia del Chaco ante la demanda millonaria de más de mil jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.

En su defensa, los abogados de la magistrada sostuvieron que ya había sido juzgada en dos oportunidades por el mismo hecho siendo sobreseída por la Legislatura chaqueña en 1991 y 1993 por lo tanto correspondía hacer lugar a la excepción de “cosa juzgada”. Por otro lado, también alegaron que la Comisión Investigadora de Juicio Político había prorrogado de manera ilegal el plazo para expedirse durante el proceso en contra de Lucas y que por lo tanto correspondía que la acusación fuera desestimada por superar los 180 días corridos que estipula, para los trámites de destitución, el artículo 127 de la Constitución Provincial.

En los fundamentos del fallo, los magistrados aclararon que “la sentencia en recurso establece la imposibilidad de volver a juzgarla por imperio del non bis in ídem (juzgar dos veces por el mismo hecho), pero no hace mérito respecto al desempeño de la misma en los casos que motivaron su denuncia”.

Asimismo, consideraron que en el fallo de segunda instancia no se vislumbran causales de “arbitrariedad” y destacaron que “se advierte, por el contrario, que establecen premisas conceptuales con relación al tema litigioso, para concluir con un juicio razonable y lógico, confirmando la procedencia de la acción por motivos expresamente propuestos a su conocimiento”.

Compartir