Lavado I: así salió Horacio Rey de la fiscalía tras abstenerse de declarar

En el marco de la causa conocida como Lavado I, el exsecretario General de la Gobernación del Chaco, Horacio Rey, concurrió en la mañana de este jueves a la fiscalía 5. Fue tras ser convocado para ampliar su declaración indagatoria. De todos modos, por consejo de sus abogados, optó por abstenerse.

Hace casi un año que está preso acusado de malversar fondos públicos provenientes de un fondo específico dedicado a pautas publicitarias. Y este jueves reapareció públicamente. El exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, concurrió a las 8.30 a la fiscalía Nº5 tras ser convocado para ampliar su declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como Lavado I, por la que también están detenidos los exfuncionarios Roberto Lugo y Paulo Butticé, entre otros.

Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, Rey se abstuvo de declarar por consejo de sus abogados. A la salida de las fiscalías, fue abordado por el equipo periodístico de CIUDAD TV pero el exfuncionario no hizo declaraciones. Rey estaba vestido con remera blanca, jeans y portaba un chaleco antibalas. Fue trasladado por personal del Servicio Penitenciario Federal a su celda en la cárcel federal U7, ubicada en el barrio Villa Libertad, de Resistencia.

Horacio Rey, exsecretario general de Gobierno, principal procesado en la causa Lavado I.

Cabe recordar que esta causa nació en la Justicia Federal luego de que Prefectura Naval constatara una situación irregular en una guardería de lanchas de Antequeras. Allí, detectaron que una sola persona  era titular de al menos cinco embarcaciones, algo poco usual teniendo en cuenta el valor de cada una de ellas.

A partir de ahí la causa comenzó a ramificarse. Ahí fue que surgió el primer nombre fuerte de la investigación: el por ese entonces subsecretario de Comercio, Roberto Lugo.

En medio de esa investigación llegó hasta la oficina del fiscal Patricio Sabadini un sobre cerrado con datos muy concretos, facsímiles y documentos, que apuntaban directamente al exsecretario de la Gobernación, Horacio Rey, y su entorno. Así se comenzó a enmarcar la causa como presunto lavado de dinero y evasión tributaria.

En este marco, se realizaron una serie de allanamientos en Casa de Gobierno, domicilios particulares y una empresa de publicidad, entre otros. Allí se secuestraron computadoras, lanchas, celulares y documentos de todo tipo. También se tomaron declaraciones testimoniales a varias personas, entre ellos empresarios que comercian vehículos náuticos.

Con todo este cúmulo de información, Sabadini detectó que podría existir la comisión de delitos cuya competencia le corresponde a la justicia provincial, tales son los casos de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. Es así que determinó el envío de algunas testimoniales y varias documentales a la Procuración General de la Provincia.

Es por esto que el Procurador, Jorge Canteros, decidió crear un equipo especial, atento a la relevancia del caso. El equipo quedó conformado por la fiscal de la Cámara Tercera en lo Criminal, Graciela Griffith Barreto; Lucio Otero (fiscal de Investigaciones N°13) y Nélida Villalba (fiscal de Investigaciones N°5). A las pocas horas de constituirse, el equipo fiscal sorprendió por su celeridad y ordenó la detención de cuatro sospechosos.

Rey está acusado de los delitos de “lavado de activos”, “negociaciones incompatibles con la función pública”, “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito”, “malversación de caudales públicos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Según la acusación fiscal, Rey detentaba un “absoluto control y discrecionalidad” para establecer las listas de contrataciones y asignación de pautas publicitarias oficiales, como así “disponer el pago de las mismas”.

Para la Justicia, el exfuncionario “habrían implementado un esquema para el retorno ilícito de dineros públicos, lo que se concretó a través de la contratación y pago a fundaciones creadas a este fin, y a Fundaciones y Sociedades apócrifas -o sin actividad real- que facturaron servicios inexistentes”.

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