El trabajo consiste en una simulación de la situación fiscal de un productor del NEA que explota 300 hectáreas propias destinadas a la siembra de soja de primera.
“Las cifras lucen desproporcionadas en perjuicio para el productor”, señala el informe elaborado por Julio Calzada y Sofría Corina para el Informativo Semanal de la BCR.
“Las producciones de granos del norte argentino sufren una elevada presión impositiva por la gran cantidad de tributos nacionales, provinciales y comunales” que abonan, dice el trabajo.
Enumera entre los gravámenes que debe afrontar un productor agrario, los derechos de exportación, impuesto a las ganancias, a los bienes personales, ingresos brutos, tasa vial para mejora de caminos, tasas comunales, impuesto inmobiliario rural, a los débitos y créditos bancarios e impuesto a la transferencia de combustibles (ITC).
La simulación tiene en cuenta también los “elevados costos de transporte” del productor ubicado “a 700 kilómetros de distancia de los puertos y/o fábricas del Gran Rosario” y un rinde 25 quintales por hectárea.
De acuerdo con el estudio, “si el sistema tributario tuviera solamente un único impuesto a las ganancias y elimináramos el resto de los tributos que hoy se cobran”, la presión fiscal “equivale al 77,5%”.
En cuanto a la distribución de los recursos producidos por la cosecha, según la BCR “la torta que genera un campo norteño de 300 hectáreas se reparte así: 40% lo perciben los Gobiernos, 48% va a los costos de implantación y el 12% restante le queda al productor”.
En esa línea, sostiene que el productor “siembra soja y recibe por hectárea un ingreso bruto de u$s611”.
Y agrega que “luego de pagar todo, le quedan finalmente u$s104 por hectárea” mientras que “los Gobiernos nacional, provincial y comunal “con todos sus impuestos y retenciones- recibiría por la actividad de este productor aproximadamente u$s343 por hectárea”.
Para la Bolsa de Rosario, “se trata de una desproporcionada carga fiscal que no premia en absoluto el esfuerzo productivo”.
