Con el apoyo de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad (FACE), la cooperativa de distribución de electricidad más importante del país, CALF, anunció que no pagará el aumento eléctrico impuesto por el Gobierno Nacional, a través de la mayorista Cammesa. La conferencia de prensa se realizó este viernes en la sede nacional de FACE, en Cerrito 146.
La conferencia estuvo a cargo de José Álvarez, presidente de FACE; Carlos Ciapponi, titular de CALF; Guillermo Farabello, secretario de FACE, y Ricardo Airasca, presidente de la Comisión de Política Energética y tarifaria de FACE. “No es una cuestión de rebeldía. Si los usuarios no pueden pagar, las cooperativas no podrán pagar a Cammesa”, razonaron.
Las cooperativas de distribución eléctrica alertan sobre los aumentos, cuestionan los privilegios de sus pares privadas y quieren activar el diálogo con el Gobierno. Álvarez advirtió que FACE, entidad que nuclea a 240 cooperativas del sector, hará “una defensa irrestricta de los asociados”, al tiempo que se declara “en alerta” y no descartan tomar medidas más duras a futuro. En ese sentido, decidieron apoyar la decisión de CALF de no pagar el aumento del 55% anunciado para este año.
Ciapponi, en nombre de CALF, dio sus argumentos, tal como había charlado con Tiempo la semana pasada. “Nuestra factura es de 100 millones de pesos. Ahora, se va a $ 150 millones. Es imposible”. Desde el punto de vista del usuario, Ciapponi ejemplificó: “Un vecino de Neuquén de un consumo normal de una vivienda de clase media-baja estaba pagando 300 pesos a principios de 2016 y hoy intenta pagar $ 5.400, sin contar el aumento que viene ahora”.
Además, volvió a criticar la falta de inversiones y la ineficiencia por parte de Cammesa, la Cámara mayorista que vende la electricidad a las distribuidoras.
Los cooperativistas remarcaron que las distribuidoras no forman los precios, que eso es potestad de la secretaría de Energía, y destacaron que, a diferencia de sus pares del sector privado, las cooperativas no cortan el suministro de los usuarios que no pueden pagar.
Guillermo Farabello, que además es presidente de cooperativa eléctrica de Gualeguaychú y representa a las 18 cooperativas de Entre Ríos, profundizó en ese sentido: “A las cooperativas se les sumó un problema. Además de pagar a Cammesa hacíamos las inversiones necesarias para brindar un servicio eficiente. Ahora, tenemos que también financiar a los usuarios. Dinero que tendría que invertirse en mejorar el servicio, lo desviamos para que la gente cuando llega llorando a la cooperativa, dar una respuesta. Desde las cooperativas se les da respuesta a todos los usuarios, a las pymes, a la producción agrícola, a los residenciales. Esa es la función social que cumple también la cooperativa para quien no puede pagar. Entonces, no es lo mismo que la posición de las empresas privadas del sector, que te cortan el servicio y listo”.
Álvarez divorció también a las cooperativas de las privadas. “Hemos tenido problemas para pagar en algunos momentos, pero de alguna manera las cooperativas la pagamos. Hay otras empresas, muy grandes, en el país que no pagaron y les condonaron la deuda. No somos medidos con la misma vara. Para Edenor y Edesur, hay perdón por no pagar. Para nosotros, que también sufrimos el congelamiento, no hubo nada”, diferenció.
Ciapponi hizo hincapié en el desinterés del Gobierno en tener en cuenta al sector: “Hemos hablado con la secretaría de Energía en muchas oportunidades y nunca hemos tenido respuestas. El Gobierno Nacional y Cammesa saben perfectamente lo que están haciendo. Está clara la política del Gobierno Nacional: no le interesan las organizaciones cooperativas. Es un modelo económico con el que desacuerdan, por usar un término adecuado. Piensan que no sabemos administrar, que somos incapaces; que cualquier usuario pueda ser presidente de la empresa para ellos es un desvalor”.
