“Es importante saber de dónde proviene nuestro protocolo de accionar”, explicaron Alicia Alcalá y Paola Benítez, quienes recuerdan que el mismo “se suscribió en el año 2015, durante la gobernación de Jorge Capitanich, y el doctor Mario Modi en el Superior Tribunal de Justicia”, y fue por “un caso de abuso sexual a una niña aborigen”.
“Con el correr del tiempo y el avance de la legislación, hubo reforma del Código Penal respecto de las denuncias, y nos dimos cuenta que había que modificar ciertos aspectos del protocolo”, advierten. Y refierieron que “trabajamos todo el año pasado, un grupo grande de gente que interviene en estos casos, sobre un protocolo integral, con una parte dirigida a los niños y adolescentes, y otra a los adultos”.
Acotaron que, en esas reuniones, hay representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Policía, médicos forenses, Poder Judicial, etcétera. “Y nos reunimos cada 15 días”, agregaron.
Consideraron luego que “no podemos fijar nuestra mirada solo en la parte judicial. Es un problema que abarca muchos ítems, y uno es la salud. Estudiamos los protocolos de Chile, Méjico y La Pampa, que está muy bueno y tratamos de hacer una norma que quede lo mejor posible”.
Abundaron en detalles, señalando que, “trabajamos en la primera intervención en la víctima, que es la salud y debe hacerse en primer lugar”; porque hay que “aplicar todo un protocolo para evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados”.
“Cuando hay un caso o una sospecha, se denuncia y se activan todas las áreas de la Justicia. Se realiza el examen físico del paciente. El verdadero motivo de esto, es la necesidad de evitar revictimizar a la persona que lo padece, y que pueda recibir toda la atención en una sola vez. De esta manera evitamos un nuevo abuso, con esta vulneración de derechos, y que tenga que volver a pasar por lo mismo dos veces”, expresaron.
Luego, manifiestan la importancia vital de que toda la comunidad sepa sobre la necesidad de comunicar estos hechos, fundamentalmente quienes están en contacto con la víctima, como por ejemplo los maestros. “No hay obligación de tener una certeza absoluta”.
Añaden que se denuncia en Comisarías y Defensorías de Menores y que la pueden hacer en forma anónima, pero “debe hacerse ante el funcionario que esté más cerca en el sistema de protección”.
Aclaran también que “se presentó un proyecto para poder trabajar este año dirigido a los niños y adolescentes, donde podamos atacar la temática de la prevención y darles las herramientas para enfrentar estos casos”, de los que hubieron 347 en el año 2017 y más de 415 en el 2018.
Tanto Alcalá como Benítez se mostraron satisfechas porque “la gente va tomando conciencia y denuncia. Es quizás la única oportunidad del niño de que lo liberemos de esa posibilidad tan traumática”; no obstante, indican, “las adolescentes y las niñas pueden denunciar solas la situación de abuso. Los funcionarios tienen el deber y obligación de recibir la denuncia”.
Al tocar este tema, sentencian que “la mayoría de los abusos son intrafamiliares y sería una incongruencia pedir que las acompañen los padres. Sobre los efectos de estas situaciones, señalan que “el abuso es la forma de violencia más grave y se produce como un bloqueo emocional en la mente y los sentimientos. Esto hay que verlo desde una mirada sistémica, y tenemos que aprender a trabajar en equipo”.
Agregan que, en estos casos, “la víctima de abuso habla cuando puede. No podemos exigirle más de lo que le está pasando. Los casos más resonantes fueron conocidos cuando ya son adultos, porque no pudieron denunciarlos en la infancia”.
Otro tema a considerar, según ellas, es que “tenemos que tener programas de ayuda para los victimarios también”.
Proyecto ‘regresivo’
Finalmente hablaron sobre la intención conocida del Gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad, proyecto al que consideraron “regresivo del derecho que tienen niños y adolescentes. Nada se va a solucionar por bajar la edad de imputación. Los delitos cometidos por menores de edad no superan el 1%, y la gran mayoría son cometidos por adultos”.
Se mostraron extrañadas por la sorpresiva instalación del tema, porque el año pasado se estuvo trabajando en el mismo y “se elaboró un documento donde no se aconsejaba esto. Ahora esto llama la atención”, porque estamos haciendo todo lo contrario. Ojalá que no se apruebe. No va a solucionar el tema de la seguridad pública”.
Concluyeron asegurando que “hay chicos que desde la panza de la mamá tuvieron derechos vulnerados”.
