La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal dará a conocer este miércoles 26 de diciembre si confirma o no los procesamientos y la prisión preventiva, previo desafuero, de la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, y del resto de los imputados en la causa conocida como Lavado II o PIMP. Así lo había dispuesto, el pasado 22 de noviembre, el tribunal que integran los jueces Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos.
El mismo día también se conocerá la resolución sobre la situación procesal del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Amaro Sampayo, y los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Alejandro Fischer, Fátima Rigassio, Patricia Vázquez y Rolando Javier Acuña, quién pretendía apartar a los integrantes del tribunal porque ya habían revocado la eximición de prisión con la que había sido favorecido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
En caso de quedar firmes los procesamientos y las prisiones preventivas la causa quedaría en condiciones de ser elevada a juicio oral y público por parte de la jueza instructora de primera instancia, Zunilda Niremperger.
Los cargos
Aída Ayala y Jacinto Sampayo se encuentran procesados con prisión preventiva por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautores, todos en la modalidad de concurso real.
Los empresarios Carlos Huidobro, Pedro Alberto Martínez y Alejandro Fischer, en tanto, se encuentran procesados por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembros de una banda, en calidad de coautores, todos en concurso real.
Por otro lado, también cuentan con procesamiento firme con prisión preventiva la contadora Patricia Noemí Vázquez, Rolando Javier Acuña, Fátima Rigasio pero como “partícipes necesarios” en los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y lavado de activos, agravado por ser miembro de una banda en calidad de coautores, todos en concurso real.
