
Era junio cuando una alerta de Missing Children movilizó a la justicia chaqueña del alto riesgo detectado en redes sociales que estaba corriendo la niña de 12 años. La entregadora- según la organización y luego acreditado por el fiscal del caso Lucio Otero- era la propia madre.
Missing Children tiene base en Estados Unidos y estuvo durante varias semanas siguiendo el comportamiento de la mujer de 46 años que proponía material de su nena, la que fotografiaba y filmaba a fin de recibir a cambio dinero.
Su nexo es un sujeto que la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no logró detener. Se libró un pedido de captura nacional e internacional del sospechoso de componer una red de pedofilia que tuvo alcance – a comienzo de la investigación en General San Martín- ya que la imputada, esposo y la víctima vivían allí.
A partir del alerta de la organización internacional, se logró el rescate y ponerla a salvo bajo todas las normativas que establece el protocolo a la nena, que residía en Villa Libertad, en el sur de la capital chaqueña. Para entonces la familia había abandonado San Martín.
La mujer fue apresada por “producción, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil“, y todas las instancias confirmaron la prisión preventiva, la que por razones de salud avalado por peritos judiciales, la cumple en una casa donde no vive la niña, y con la que no podrá reestablecer vínculos, al menos hasta que su conducta sea evaluada en el juicio a llevarse a cabo el año próximo.
La víctima mantiene lazos con su padre debido que nada tiene que ver con los hechos que concluyeron con la detención de su mujer.
Aquel procedimiento lo encabezó el fiscal de investigaciones Nº13 Otero, con el equipo de Delitos Tecnológicos a cargo del subcomisario Carlos Ramírez, de la Policía del Chaco.
Las pesquisas se dieron a partir de la colaboración de Missing Children, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alertando de un reporte prioridad 1 (la primera vez en la provincia del Chaco).
Por las redes
Con los datos ofrecidos al fiscal Otero de parte de la justicia porteña y de la organización Missing Children se llegó con el IP asociado al abonado que surgía de las conversaciones vía Facebook que mantenía la madre desde su perfil y además del creado por la niña, donde se detectó conversaciones explícitas de parte de la detenida con varios usuarios.
En la red social de la progenitora y de la niña, se interactuaba mucho por lo que de esas conversaciones surgirán elementos incriminatorios, como por ejemplo donde la depravada mujer contaba a los sujetos, cómo y dónde se produciría el encuentro con su hija. Con la inmediatez del caso Otero logró la orden del juzgado de Garantías Nº2 para irrumpir en la finca donde la nena se encontraba bajo peligro.
Ingresaron miembros de la División Delitos Tecnológicos y además estuvo presente personal de la línea 102 del ministerio de Desarrollo Social para darle contención a la menor.
Se secuestró un celular en poder de la madre, un celular y una tablet que tenía la niña, y un celular al padre que permanece en libertad, pero su hija quedó en resguardo del equipo interdisciplinario de la línea 102.