El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de favorecer con sus decisiones, a cambio de dinero, a los sospechosos de narcotráfico que debía investigar. El juez federal Sergio Torres, que había pedido su detención por este caso, resolvió tomarle declaración este lunes.
Soto Dávila se presentó en los Tribunales de Comodoro Py y entregó un escrito de 48 páginas en las que hay de todo: desde acusaciones a sus acusadores hasta el análisis – punto por punto – de las denuncias en su contra.
En este marco Radio Sudamericana habló en exclusiva con uno de sus abogados defensores, Jorge Alcántara. “Se mezclaron situaciones que se habían dado en distintos expedientes, por eso fue la decisión de que no declare. Se decidió organizar la estructura y adjuntar las constancias de cada una de esas causas, y presentarlas como elemento de prueba para que puedan ser analizadas en su integridad por el juez Sergio Torres”, explicó.
“Queremos que traten de acreditar lo que dicen los arrepentidos”, sostuvo el abogado, y añadió que en los cientos de horas de escuchas telefónicas “no hay una sola llamada donde esté involucrada la voz del juez”.
Cabe recordar que fue un arrepentido en la causa narco de Itatí, Federico “Morenita” Marín, quien denunció la supuesta complicidad de la justicia federal con el tráfico de marihuana.
El abogado de Soto Dávila aseguró que las declaraciones del arrepentido carecen de veracidad. “Se involucraba al abogado Ernesto “Tito” Gonzáles como habiendo participado de estos hechos, seis meses después de su fallecimiento, como para que tengan una idea de la desprolijidad y de lo poco cierto. Ninguno de los dichos que ellos toman como cierto, fueron mínimamente corroborados”, expresó.
En cuanto a los supuestos montos que cobraba el juez como “coimas”, Alcántara señaló: “Todo vecino de la ciudad de Corrientes sabe dónde vive el doctor Soto Dávila, en las condiciones que vive y los bienes que tiene y nada de eso se pudo analizar. Hablan de una gran asociación ilícita y teóricamente ese dinero, en el caso de Soto Dávila, ¿en qué se transformó? Porque el juez tiene una forma de vida acorde a lo que cobra un juez de Primera Instancia, no se preocuparon de averiguar si había movimientos bancarios, algo que justifique mínimamente una acusación tan grave contra el juez federal”.
Para Alcántara, en este caso, la figura del arrepentido “se ha transformado en una suerte de timba judicial”, donde los arrepentidos buscan sacar provecho o al menos “armar un circo”.
