Por Dr. Hugo López Carribero *
En este sentido se pretende habilitar a los agentes de las fuerzas
federales de seguridad a utilizar armas letales frente a la fuga de un
sospechoso cuando esa acción generara un peligro en común.
Es muy probable que las muertes de los sospechosos, en estos escenarios, sean tildadas de antijurídicas y no amparadas por ninguna norma jurídica del Código Penal. Esto por entender claramente que esta resolución no tiene amparo legal.
El Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, está autorizado para ejercer a coerción pública, eso no está en duda. Pero de ninguna manera se podría permitir que la policía pueda tener una discreción tan amplia en discernir sobre cuando hay una fuga que comprenda el peligro público al que el Ministerio de Seguridad se refiere.
Por ello la resolución de la ministro es confusa, y ambigua, y generara un campo muy fértil para que hayan muertes innecesarias, y policías condenados a prisiones perpetuas, tal como lo establece el artículo 80 del Código Penal.
En materia de seguridad, las resoluciones del Ministerio deben ir
encaminadas hacia la certeza, pero jamás hacia la duda, y la
incertidumbre. De allí la problemática de este decreto.
Es cierto que le Estado tiene la obligación de combatir a la inseguridad, pero no de cualquier forma.
(*) Abogado Penalista – Profesor Universitario de Derecho Penal
