Causa Ford: por primera vez, directivos de la multinacional serán sentenciados por delitos de lesa humanidad

Un juicio clave, para lo que es el abordaje de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, está llegando a su fin. La sentencia se conocerá el 11 de diciembre. La querella pide 25 años de prisión para los acusados.

Causa Ford: Una espera de 42 años.

Se trata del caso que apunta a la responsabilidad de la automotriz Ford Motor en el secuestro y la aplicación de tormentos a 24 trabajadores de su planta de General Pacheco, que en su gran mayoría eran delegados sindicales. Es la primera vez que una importante multinacional enfrenta un proceso de estas características.

El 11 de diciembre se conocerá la sentencia. En el banquillo de los acusados se encuentran dos directivos de la empresa: el ex jefe de Manufactura, Pedro Müller, quien era el N° 2 de la planta ubicada en Panamericana y la avenida Henry Ford; y el ex jefe de Seguridad del mismo establecimiento hasta 1987, Héctor Sibilla, quien cuando se jubiló fue empleado de seguridad en la embajada de Estados Unidos, tal como publicó Horacio Verbitsky.

El primero era la autoridad de la firma. El segundo, un militar retirado que nunca perdió sus contactos, quien controlaba todo lo que entraba o salía del predio. Son los únicos dos civiles de la línea gerencial de la compañía que llegaron a esta etapa del proceso con vida.

Otros responsables murieron en la impunidad como Nicolás Courard, ex presidente de la empresa, y Guillermo Galarraga, ex gerente de Relaciones Laborales.

“Otros no han sido investigados, por una administración de justicia deficiente y reacia a la pesquisa en la que se involucran no solo civiles, sino funcionarios jerárquicos de una empresa multinacional”, explicó la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta en la audiencia del 12 de noviembre pasado.

El único militar acusado de este juicio paradigmático es el represor Santiago Omar Riveros, quien estuvo a cargo del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y también era jefe de la Zona de Defensa IV.

Como consecuencia de la demora en los juicios de lesa humanidad, Antonio Francisco Molinari, quien interrogó a la mayoría de los trabajadores, y quien se entrevistó en reiteradas oportunidades en Campo de Mayo con las esposas de ellos, falleció.

Las querellas, que alegaron el 12 y 13 de noviembre, pidieron una pena de 25 años de prisión para los tres acusados. Se les imputa el secuestro y las torturas de dos docenas de trabajadores, la gran mayoría con activismo sindical. Todos de la fábrica ubicada en la localidad de General Pacheco, a excepción de Roberto Cantello que había renunciado apenas unos meses antes.

En diálogo con El Destape, una de las víctimas, Pedro Troiani, contó que poco tiempo atrás “ya no tenía esperanzas, no veía que prosperara la causa”. Pedro tenía 35 años cuando fue secuestrado junto a otros cuatro compañeros, el 13 de abril de 1976. Estaba en la planta de montaje. Pasó 45 días secuestrado hasta que fue “blanqueado”. Luego, un año encarcelado.

Hoy tiene 77 años y espera que se haga justicia. “Tenemos un montón de testigos que fueron parte de la empresa, como los capataces”, señala con el ánimo recargado y la expectativa de que la condena sea ejemplar.

Pasaron 42 años de aquellos hechos trágicos. A pesar del tiempo transcurrido, las víctimas no claudicaron en su búsqueda de justicia. El próximo 11 de diciembre esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín esté a la altura de las circunstancias.

 

VIAeldestapeweb.com
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