Resistencia se sumó a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública

La degradación del Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría, el cierre de programas, la quita de vacunas del calendario, el achique en el presupuesto, el recorte en la transferencia de insumos a las provincias; fueron algunos ejes planteados en la imponente manifestación con la que Resistencia se sumó a la movida federal en defensa de la Salud Pública.

Foto: Belén Rodríguez.

Este jueves Resistencia se plegó a la Marcha Federal en Defensa de la salud Pública, en una intensa jornada que movilizó a múltiples sectores para exigir las garantías y el acceso a un derecho humano elemental. En ese contexto, la Dra. Carolina Centeno,  secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores, se refirió en RADIO CIUDAD a la jornada de lucha a la que “tristemente estamos convocados, un colectivo muy diverso y transversal, amplio y plural, a salir a la calle frente a estas políticas de ajuste que lamentablemente está desarrollando el Gobierno nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri”.

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Foto: Belén Rodríguez.

“Están tocando a la Salud, al sistema sanitario argentino que se basa en un sector público de salud que atiende las demandas de todas las personas que llegan a los hospitales y a los centros, en el marco de la universalidad y de la gratuidad. En este momento, por las diferentes medidas que están tomando, se ven afectadas claramente con el desmantelamiento de programas esenciales para el funcionamiento, con la aplicación de la CUS, que es la Cobertura Universal de Salud que son pacientes mínimos de prestaciones con los que los pacientes pasarían a pagar determinadas prácticas o tratamiento que el Estado nova a cubrir. Y el corolario fue la degradación del Ministerio de salud de la Nación a Secretaría”, explicó.

Habló de un menor presupuesto, menor capacidad de rectoría, menor transferencia de insumos a las provincias, desmantelamiento de programas nacionales, la quita de vacunas como la de los 11 años contra el meningococo, “lo que implica un retroceso sanitario importante porque acá no estamos hablando solamente de que llega menos plata o insumos sino que estamos hablando de afectar la salud y la calidad de vida de la población que tiene en el Sistema sanitario Argentino, a pesar de su fragmentación, un baluarte que en otros países no se da, así como lo es la educación pública”, recalcó.

La convocatoria sumó a espacios políticos, sindicales y sociales, así como a las distintas áreas que integran Salud Pública. Adhieren: la Unión del Personal Civil de la Provincia; la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Chaco; la Asociación de Trabajadores del Estado; legisladores nacionales y provinciales, entre los que se cuentan a Lucila Masin, Daniel Trabalón y Gladis Cristaldo. También, la delegación del Litoral de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, la Red Patas Arriba, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Ateneo Feminista, el Colegio de Psicólogos de Chaco, trabajadores del Equipo Acompañarte, la Comisión Provincial por la Memoria, Revuelta Feminista y Avance Estudiantil Humanidades UNNE, la Cátedra Libre “Carlos Alberto Zamudio” y la FUP, La Cámpora, Unidad Ciudadana, entre otros sectores.

 

“No al cierre del Ministerio de Salud”, un duro documento en el cierre de la manifestación

Carolina Centeno, dando lectura al documento en la protesta en defensa de la Salud Pública. Foto: Úrsula Sabarece

La Dra. Centeno dio lectura al documento que cerró la concentración y manifestación en Resistencia:  “No al cierre del Ministerio de Salud”.

“Desde que asumió Mauricio Macri, venimos sufriendo el desmantelamiento de las políticas públicas en general y las del sector salud en particular. A partir del cambio de gestión, el gobierno está intentando implementar la falsamente denominada Cobertura Universal de salud (CUS) junto a la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET): un sistema impuesto por el Banco Mundial que consiste en reasignar el presupuesto del sistema público de salud al sector privado, garantizando sólo una “canasta básica” o paquete mínimo de servicios de forma gratuita, donde la población deberá pagar por las practicas sanitarias que queden por fuera de esta.

El gobierno redujo y subjejecutó el presupuesto del área, vaciando y cerrando programas, trayendo aparejadas graves consecuencias a la población. Por ejemplo, se han registrado
denuncias por faltantes de medicamentos, insumos básicos como preservativos y otros métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual, reproductiva y no reproductiva a la
par de que no se aseguran los recursos necesarios para la interrupción legal del embarazo.

Incluso se ha comenzado a desarmar programas esenciales, como los de Chagas y Tuberculosis, o el plan nacional de vacunación, eliminando la dosis de los 11 años contra la
meningitis, con el peligro que eso implica para toda la comunidad.
Del mismo modo, la precarización laboral y los despidos no cesan, como en el caso del Hospital Posadas a nivel nacional, y los despidos en el área de la Salud Mental en nuestra provincia, al tiempo que se profundizaron los problemas de Infraestructura en hospitales y centros de salud.

El vaciamiento del sistema público junto al desmantelamiento del Pami, provocan guardias cada vez más colapsadas, grandes dificultades para acceder a prácticas programadas,
largas filas de madrugada y listas de espera de meses que no hacen sino agravar el estado de salud de las y los pacientes. En paralelo, se mantienen cerrados siete hospitales de alta
complejidad, seis de ellos en la Provincia de Buenos Aires y uno en Paraná, que podrían dar respuestas a más de un millón de personas.

Eliminar el Ministerio de Salud no es meramente un cambio de nombre y de organigrama. Con esta medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional, se ponen en riesgo la gran
mayoría de las políticas públicas que dependen de esta cartera. El retroceso histórico, implica la pérdida del poder de rectoría y de conducción estratégica de la política sanitaria Federal, permitiendo el avance incontrolado de las fuerzas del mercado y vulnerando no solo los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que acuden al sistema público de salud, sino que a su vez impacta negativamente en los millones de afiliados y afiliadas de la seguridad social.

¿Qué significa el poder de rectoría? El debilitamiento de los sistemas de investigación en salud, la vigilancia pidemiológica y las redes de servicios de emergencias. Asimismo, se profundizó tanto la fragmentación como el abandono de las políticas sanitarias, impactando negativamente en la programación federal y la distribución de insumos y recursos. Eliminar el Ministerio de Salud implica ni más ni menos que degradar la salud, constituyendo un atentado al nuestro sistema público. Este atentado no sólo afecta a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, sino a todxs lxs trabajadorxs y a los usuarios de prepagas.

Cabe destacar que esta quita de derechos, se produce a partir de la brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los capitales concentrados, provocando el aumento de la desigualdad, la desocupación y la pobreza. Es así como ante esta política de ajuste, el gobierno
instala la acción represiva como única respuesta a los reclamos populares. Ya no hay garantías constitucionales, se está amenazando el Estado de Derecho y es moneda corriente la persecución política y judicial a la militancia popular.

Debemos recuperar nuestro derecho inalienable a la salud, exigiendo la restitución de todas las políticas públicas que sufrieron las consecuencias del ajuste, el vaciamiento, la
desinversión y la subejecución presupuestaria, para así devolver a la ciudadanía el Ministerio de salud que le pertenece.

Esta marcha que nos convoca en Defensa de la Salud Pública, es también en defensa del derecho a la Salud de las personas con discapacidad, que para algunos casos ya dejó de existir en el momento en que dieron de baja sus pensiones y pretenden hacerlo con muchas más pensiones. Con la quita de pensiones no están quitando una percepción económica, están quitando el derecho a la salud de esas personas, ya que es la pensión la que les permite acceder al programa Incluir Salud, a través del cual deberían acceder a la cobertura integral de salud acorde a sus necesidades y requerimientos. Pero como es de público conocimiento, esta cobertura de salud no está funcionando como debería ser, no se está abonando a las instituciones en tiempo y forma por brindar estas prestaciones, y cada vez es menor la cobertura.

Uno de los sectores afectados gravemente por las políticas de ajuste es el de la Salud Mental y Adicciones. En la gestión nacional anterior se realizaron 75 contrataciones a través del Programa de Médicos Comunitarios y del Programa de Atención Primaria en Salud Mental. A partir del cambio de gobierno, esta situación se modificó, y actualmente las casas asistidas se encuentran obturadas en su funcionamiento por dos razones: porque cayeron la mitad de las contrataciones y porque los médicos comunitarios fueron desplazados de sus funciones y vueltos a trabajar dentro del Servicio de Salud Mental del Hospital General.

Los 75 trabajadores, calificados y capacitados en APS, se redujeron a 40, con contrataciones a término, subsistiendo en condiciones de precarización laboral, trabajando en el interior de la provincia, trasladándose por sus propios medios, y sin percibir el depósito de sus contratos desde abril. Después de trabajar siete meses sin cobrar, 88 trabajadores recibieron un mensaje de despido por Whatsapp. La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA), a cargo de Luciano Grasso, ejecutó el ajuste que afecta a profesionales de las provincias de Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones.

Estos profesionales se encargaban de que se cumpliera dicha ley en zonas alejadas de los centros urbanos o en zonas desfavorecidas. Con esta medida, el derecho básico a una atención primaria en la salud mental se le está negando a miles de personas en el interior del país. Hubo promesas de reactivar el convenio hasta diciembre, de absorber dos contratos por mes por parte de la provincia y de pagar lo adeudado, nada de ello se concretó. Así en estos últimos años se fue desmantelando la atención en salud mental en el interior de la provincia, las estrategias de prevención implementadas y que comenzaban a arraigarse se fracturaron o desaparecieron. LA SALUD MENTAL FORMA PARTE DE UNA VISIÓN DE SALUD INTEGRAL.

Quieren hacer de la Salud un privilegio al cual podrán acceder solamente aquellos que puedan pagarlo, dejando a las personas que no pueden pagar para acceder a este beneficio, en total desamparo sin ninguna posibilidad de cubrir sus necesidades básicas.

Sólo la unión, la organización y la movilización de usuarios, trabajadores y la sociedad toda podrá frenar este atropello y ajuste feroz sobre el sistema sanitario de nuestro país. Por eso estamos todxs acá, para decir una vez más que defendemos la Salud Pública, y que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos adquiridos”. 

 

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