Tortura y muerte de un interno en la U7: revocan sobreseimiento del delegado de la Procuración Penitenciaria

Así lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia. En primera instancia, el fiscal federal Patricio Sabadini, había imputado a Domingo Zacoutegui por no denunciar las torturas que derivaron en la muerte del interno Maximiliano Duarte. Sin embargo, la jueza de primera instancia lo sobreseyó. Fue una de las primeras intervenciones del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco que entonces presidía el abogado Mario Bosch.

Resolución de la Cámara Federal

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el sobreseimiento del delegado en el NEA de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Osvaldo Oscar Zacoutegui, quién había sido imputado por omitir denunciar las torturas recibidas por Maximiliano Duarte, interno de la cárcel federal de Resistencia U7, que falleció como consecuencia de las mismas el 23 de julio de 2012.

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La resolución, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 26 de septiembre pasado, y lleva las firmas de las camaristas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá ante la inhibición del juez José Luis Aguilar, quién ya se había expedido en instancias anteriores en la misma. En la causa principal, los agentes penitenciarios Juan Romero, Jorge Benítez y Sergio Brocaz se encuentran procesados por el delito de tortura agravada seguida de muerte luego de que el propio tribunal de alzada modificara, en mayo de 2016, la calificación original de apremios ilegales.

La intervención de Mario Bosch y del Comité de Prevención de la Tortura fue central para que el caso Duarte no quede impune

En el análisis de la causa, las camaristas coincidieron con el planteo del Ministerio Público Fiscal de que no encuentra sustento la versión del imputado de que no denunció las torturas ante la supuesta imposibilidad de lograr el consentimiento informado del denunciante, tal como lo establece el protocolo de actuación de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Cabe recordar que el caso salió a la luz tras la intervención del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco que por aquel entonces presidía el abogado Mario Bosch, hoy fallecido, y que fue

El caso

El 29 de junio de 2012, y tras un llamado de la sede de la PPN, el delegado en el NEA concurrió recién al Hospital Perrando, junto a un médico del PPN, a entrevistarse con el interno. Según el informe del propio médico, de apellido Avila, el interno refirió que sufrió apremios por parte del personal de requisa el día 25 de junio de 2012. Asimismo, en el informe constaba que, más allá de las lesiones corroboradas, Duarte se encontraba “lúcido”.

El 2 de julio, Zacoutegui elevó un informe a la Coordinadora de Delegaciones Regionales de la PPN haciendo saber –sin mayores precisiones- que asistió al Perrando a interiorizarse sobre el estado de salud de Duarte, a lo que se sumó un nuevo parte el 16 de julio dando otra serie de vagas definiciones sobre la evolución del estado de salud del interno, pero sin mencionar los apremios referidos. Así, la sede central de la Procuración Penitenciaria de la Nación tomó conocimiento recién el 23 de agosto de 2013, por una comunicación telefónica mantenida con el fiscal Sabadini, lo que desencadenara el pedido de informe sobre la actuación del delegado de la PPN luego de entrevistarse con Duarte.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal señaló que no se advertían los motivos por los cuales Zacoutegui no intentó una nueva entrevista con Maximiliano Duarte luego de la primera para iniciar el procedimiento de investigación tal como le fuera ordenado, en caso de que en la primera oportunidad el interno no se haya encontrado en condiciones de brindar un consentimiento válido, más allá del “estado de lucidez” reportado en el informe médico.

Profundizar la investigación

Las camaristas consideraron que “no existen, de momento, elementos objetivos suficientes para ordenar el sobreseimiento del imputado” y aconsejaron “la producción de medidas tendientes a profundizar el conocimiento sobre los hechos investigados”.

Así, las integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia recomendaron: a) oficiar a la Sede Central de la PPN a los fines de que informe fehacientemente si Osvaldo Oscar Zacoutegui hizo saber de forma idónea a esa dependencia la imposibilidad de lograr el consentimiento de Maximiliano Duarte, y, en su caso, lo actuado en consecuencia –todo ello en los términos del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de esa institución–; y b) recabar la producción de diligencias que estime pertinentes para la verificación de los extremos referidos.

Luego de producidas esas medidas, las camaristas señalaron que el juez que esté a cargo de la instrucción deberá, si así correspondiere, recabar la declaración del imputado.

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