Lavado I: la Cámara Federal ordenó pericias para resolver la domiciliaria de Cristina Dellamea

El tribunal de alzada dejó sin efecto el rechazo in límine de la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, a la solicitud de la empresaria procesada por lavado de activos agravado. Solicitó que se realicen informes sociales, médicos y psicológicos y que la magistrada dicte una resolución “con sustento en los mismos”.

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió dejar sin efecto la decisión de la jueza federal de primera instancia, Zunilda Niremperger, quién había rechazado “in límine” la solicitud de prisión domiciliaria de la empresaria Cristina Mariel Dellamea, procesada por lavado de activos agravado y otros delitos precedentes en la causa conocida como “Lavado I”. El tribunal de alzada ordenó la realización de informes sociales, médicos y psicológicos y que entonces la jueza dicte se expida sobre la solicitud “con sustento en los mismos”.

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La resolución, que difunde como primicia CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada este lunes 24 de septiembre y lleva las firmas de las camaristas María Delfina Denogens, Rocío Alcalá y Ramón González, quién reemplazó como subrogante al juez José Luis Aguilar.

Según la hipótesis de la investigación, Dellamea formó parte de un presunto mecanismo consistente en la creación de empresas y sociedades – integradas por familiares y amigos de funcionarios públicos- para proveer bienes y servicios al Estado Provincial, concretándose maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público y negociados irregulares que reportaron enormes ganancias ilícitas. En el mismo tramo de esta causa, también se encuentran procesados por lavado de activos agravado el extitular de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández, y el empresario Ramón Alejandro Chávez, y se dictó la falta de mérito de los ministros de Infraestructura del Chaco, Fabián Echezarreta y del de Hacienda, Cristian Ocampo.

El pedido de la defensa 

Desde la defensa de Dellamea fundamentaron su planteo en que la decisión de la jueza de primera instancia no se encontraba “motivada” y que la misma “debió asentarse en elementos objetivos, lo que no ocurrió”. Además, cuestionaron que la magistrada “omitió solicitar mayores análisis al Cuerpo Médico Forense para poder verificar lo indicado por el certificado médico especialista en fertilidad como el remitido por su psicóloga”.

En ese contexto, señalaron que Dellamea se encontraba realizando tratamientos de fertilización antes de que se dicte su procesamiento y encarcelamiento y que, ante la pérdida del primer embarazo, el consejo médico fue que inmediatamente comenzara nuevamente el tratamiento para mejorar las chances de procrear, “lo que no ha sido posible”.

¿Derechos vulnerados? 

Para los camaristas, en el caso se debe tener en cuenta lo expresado en el artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce el papel central de la familia y la vida familiar en la existencia de una persona y de la sociedad en general. “Es un derecho tan básico de la Convención Americana que no se puede derogar aunque las circunstancias sean extremas”, sostuvieron. Por otro lado, refirieron que “el derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”.

En ese sentido, los camaristas concluyeron que la jueza Niremperger “no fundamenta el rechazo in límine de lo peticionado que la situación no esté contemplada en las normas infra constitucionales”. No obstante, reconocieron que de acuerdo a la documental aportada “se advierte que la misma resuelta insuficiente a los efectos de hacer lugar a la concesión de la prisión domiciliaria, por tratarse de un único certificado médico que por sí solo no alcanza para dar basamento a tal pretensión”.

Así, los camaristas consideraron que “en atención a la primacía de los derechos operativamente tutelados –a los que refiriéramos supra- preciso es concluir en que los argumentos vertidos por la defensa técnica en oportunidad de realizarse la audiencia oral resultan atendibles ab initio por esta Magistratura, existiendo –de probarse las circunstancias invocadas- la posibilidad de flexibilizar la cautelar dispuesta”.

 

 

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