Impulsan una denuncia contra Laura Alonso por haber contratado una consultora PRO

El fiscal federal Carlos Stornelli dio curso a una denuncia contra la titular de la Oficina Anticorrupción por haber contratado a la consultora de prensa y lobbying Consuasur, fundada por funcionarios de la gestión macrista y señalada por deudas con el fisco.

La OA pagó un millón de pesos a una consultora vinculada al macrismo por trabajos de prensa

Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, está siendo investigada por la Justicia por haber, paradójicamente, incurrido en un conflicto de intereses. El fiscal Carlos Stornelli impulsó hoy una denuncia contra Alonso por haber contratado irregularmente como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobbying para empresas privadas. Se trata de la empresa Consuasur, fundada en 2005 y contratada por la OA a comienzos del año pasado. Ahora la causa está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello.

Este diario había develado en enero la maniobra ilegal de la titular de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuya tarea es precisamente investigar el conflicto de intereses estatales y privados. Sin embargo, la OA contrató en 2017 a una empresa que dirigía el fallecido Juan Gentile, ex jefe de prensa del bloque PRO en el Congreso entre 2008 y 2012, responsable de prensa del PRO entre 2012 y 2015 y subsecretario de Comunicación Pública desde el inicio del gobierno de Macri. Quien ahora la dirige es Facundo Sosa Liprandi, gerente de Comunicaciones del PAMI entre 2012 y 2015. El tercer socio fundador de Consuasor es Alejandro Giúdice, ex jefe de Relaciones Institucionales de Walmart.

Entre sus servicios ofrecidos en su web, figura la estrategia comunicacional y el análisis de “riesgo político-regulatorio”. También el lobbying, es decir, la representación de intereses privados ante el Estado. La misma OA admitió que contrató a Sosa, Liprandi y Giúdice desde marzo de 2017 y que estipuló un sueldo mensual de 44 mil pesos para el primero y 38.500 para el segundo durante 2018, según reveló el periodista Sebastián Lacunza. Alonso se había despachado por Twitter para desligarse de la denuncia al referirse a las “fake news”.

La denuncia formal a la que le dio curso Stornelli había sido presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero. Allí se puntualizaba las irregularidades de Alonso, tanto por haber pagado a una consultora para relacionarse con la prensa como por las deudas con el fisco en las que incurría Consuasor. Además, el periodista detalló que la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión Cambiemos y que asesoraba a funcionarios que la OA debía controlar.

FuentePágina/12
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