A casi cinco años, la justicia federal procesó a policías que encabezaron la sedición en el Chaco

La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó por presunta sedición y embargó a seis policías de la provincia del Chaco que encabezaron la sublevación de la fuerza policial entre el 8 y el 10 de diciembre de 2013 que concluyó con dos muertos. Fue sin prisión preventiva. Además, dictó falta de mérito de otros cincuenta.

En 2013, un grupo de policías y penitenciarios del Chaco se autoacuartelaron exigiendo mejoras salariales.

Los policías chaqueños Juan Ramón Cantero, Carina Soledad Chas, Jorge Mario Duarte, Miguel Angel Ramírez, Ricardo Omar Maciel y Hermindo Angel Rivero fueron procesados -sin prisión preventiva- y embargados por 100 mil pesos cada uno por el presunto delito de sedición, que prevé de uno a seis años de prisión. Así lo resolvió la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, en el marco de la causa judicial que investiga la protesta policial de diciembre de 2013 que derivó en saqueos y durante la cual dos personas resultaron asesinadas, entre ellas un agente policial, el subcomisario Christian Vera. En tanto, la magistrada dictó la falta de mérito de otros cincuenta agentes de la policía del Chaco.

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Entre sus fundamentos, la magistrada federal consideró que “los sucesos con efecto dominó que comenzaron dentro en una esfera lícita –derecho a la protesta o reclamo- fueron tomando cada vez más visos de ilegalidad, y ello pudo ocurrir en virtud del accionar ilícito de quienes componen en el caso, la fuerza de seguridad en esta provincia, viéndose reflejado en el abandono de sus funciones o desacato a las autoridades constituidas por parte de los agentes involucrados, con la finalidad de extraer determinadas concesiones, ligadas casi con exclusividad a aumentos salariales”.

Los hechos

En diciembre de 2013, un grupo de policías y penitenciarios de la provincia mantuvieron en vilo a los habitantes de las ciudades de Resistencia y Sáenz Peña en lo que surgió como un reclamo por aumentos salariales y terminó con dos muertos y hasta con el cautiverio, durante varias horas, del por entonces ministro de Gobierno del Chaco, Marcos Verbeek, en la sede de la Jefatura de Policía. Vale recordar que en aquel diciembre caliente también hubo alzamientos policiales simultáneos en distintas provincias del país, uno de los principales fundamentos de los fiscales federales para justificar la competencia de ese fuero.

La disputa por la competencia

A pesar de la investigación preliminar desplegada por el equipo de fiscales federales del Chaco (Patricio Sabadini, Carlos Amad, Federico Carniel y Carlos Sansserri) en los meses posteriores al hecho, que los llevó a imputar a casi cien policías, penitenciarios y civiles por el delito de “sedición en concurso ideal con incitación a la violencia colectiva agravado por la ultrafinalidad de aterrorizar a la población” (artículos 229, 212 y 41 quinquies del Código Penal de la Nación), la causa recién comenzó a avanzar en 2017. Es que, paralelamente a la investigación en el fuero federal, también se iniciaron causas en la justicia ordinaria lo que provocó conflictos de competencia que recién fueron zanjados por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en junio de 2015. Una de esas causas, incluso, ya había sido elevada a juicio oral en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña aunque con figuras penales mucho menos gravosas para los responsables.

Con competencia federal confirmada

En marzo de 2017, la causa quedó radicada definitivamente en el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, quién resolvió acumular seis expedientes que se tramitaban en la justicia ordinaria para avanzar en su investigación integral. En ese contexto, el fiscal federal de primera instancia de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó ampliar las indagatorias de los imputados por los presuntos delitos de “sedición”, “incitación a la violencia colectiva”, ambos en concurso ideal agravado por la “ultrafinalidad de aterrorizar a la población”. Durante el transcurso de 2017 y lo que va de 2018 se avanzó con la indagatoria de los más de 100 imputados y ahora la jueza federal resolvió procesar por el delito de “sedición” a los cabecillas del alzamiento policial, aunque no hizo lugar a los agravantes solicitados por el Ministerio Público Fiscal por considerar que esas figuras delictivas no se corroboraron en el marco de la instrucción judicial.

 

 

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