Ordenan trasladar a la Comisaría 8ª al interno que denunció abusos en la Alcaidía de Resistencia

Así lo resolvió el Juez de Ejecución Penal, Jorge Lataza. La medida se efectivizará este martes. Es en el marco de la acción de hábeas corpus presentado por la defensora oficial Nº 5 y por el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco. Además, restringieron el acercamiento a los penitenciarios imputados.

El interno que denunció haber sido torturado y violado por agentes penitenciarios en la Alcaidía de Resistencia será alojado a partir de este martes en la Comisaría 8ª de Resistencia. Así lo decidió el juez de Ejecución Penal Nº 1 de Resistencia, Jorge Raúl Lataza Gandini, al hacer lugar a la acción de hábeas corpus presentada por el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y la defensora oficial Nº 5, María Daniela Acosta Calvo. Previamente, el juez subrogante, Juan José Cima, dispuso que la víctima sea alojada en el Centro de Detención Transitoria de Barranqueras –también dependiente del Servicio Penitenciario Provincial- y ordenó el apartamiento del tratamiento penitenciario de los imputados con el denunciante y una restricción de acercamiento de 500 metros.

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Jorge Lataza, juez de Ejecución Penal Nº 1 de Resistencia

Vale recordar que el 29 de agosto pasado, en una expeditiva resolución, la jueza de Garantías Nº 3, María de las Mercedes Pereyra, concedió la libertad a los seis agentes penitenciarios que habían sido imputados por presuntas torturas por parte la Fiscalía Especial en lo Penal de Derechos Humanos y detenidos el sábado 25 de agosto. Fue pese a la oposición del fiscal Daniel Turraca y también de las querellas particulares representadas por la defensora oficial Nº 5 y el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco. Esa decisión acrecentó las alarmas por el peligro que correría la vida del denunciante en caso de seguir alojado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y, sobre todo, permaneciendo los denunciados en libertad. Además, fue el detonante de una petición presentada por la Defensoría General del Poder Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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