Denuncian ante la CIDH la crítica situación de la Alcaidía de Resistencia

La petición fue presentada por la Defensoría General del Poder Judicial y apunta que ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial han adoptado medidas que garanticen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad alojadas en las diversas dependencias del Servicio Penitenciario Provincial. La reciente liberación de penitenciarios denunciados por torturar e intentar violar a un interno de la Alcaidía, fue la gota que rebalsó el vaso.

Alcaidía de Resistencia (Foto: ilustración)

La reciente liberación de seis agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) acusados por torturas y el intento de violación de un interno de la Alcaidía de Resistencia, el pasado 23 de agosto, fue la gota que rebalsó el vaso. La Defensoría General del Poder Judicial decidió presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por las inhumanas condiciones de detención en todas las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Provincial, en especial, en la Alcaidía de Resistencia. Es por la falta de respuestas concretas a las acciones de hábeas corpus presentadas por las condiciones de detención, los apremios y los malos tratos propinados por penitenciarios contra la población carcelaria y también por la falta de un programa para el tratamiento de adicciones y un plan de reinserción laboral y social de los internos que se encuentren cerca de cumplir con su condena.

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El caso puntual

Más allá de las deplorables condiciones estructurales de las dependencias del Servicio Penitenciario Provincial que vienen planteando desde hace años la Defensoría General y el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, entre otros organismos, lo que motivó la presentación internacional del Ministerio Público de la Defensa es el riesgo actual para la vida e integridad física del interno que denunció a personal penitenciario por haber intentado violarlo y luego colgarlo en su celda para simular un ahorcamiento. Lo más alarmante de la situación se produjo cuando la jueza de Garantías N° 3 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, resolvió liberar a los seis penitenciarios denunciados por lo que no sólo correría peligro la vida del denunciante sino también la de aquellos que puedan oficiar como testigos en la causa que se tramita ante la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, en la que actúan como querellantes particulares el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y la defensora oficial N° 5, Daniela Acosta Calvo. A la par, la Defensoría remarca que a la hora de presentación de la petición ante la CIDH aún no se había resuelto un hábeas corpus para salvaguardar la vida y la seguridad de la víctima.

“Cada vez peor”

Según relata el escrito, este último hecho se puso en conocimiento de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia para que intervenga y así dar cumplimiento efectivo a la acción de hábeas corpus colectivo a favor de los alojados en los pabellones 9 y 31, revelando, en ese sentido, que “la situación de la seguridad de los internos es cada vez peor”. En ese contexto, los internos manifestaron ante la Defensoría General que el caso ocurrido el jueves 23 de agosto “no era un episodio aislado” y que las situaciones de apremios, torturas y malos tratos, “recrudecieron luego del dictado de las sentencia de hábeas corpus del Superior Tribunal de Justicia”, siendo la víctima uno de los firmantes. Señalaron, al respecto, que “se habían tomado represalias contra ellos y que sentían temor de declarar en la causa judicial, ya que entendían corría riesgo su vida e integridad física”.

La “protección” oficial

Otro de los planteos de absoluta gravedad que incluye la petición ante la CIDH, es la denuncia de que la liberación de los peniteniciarios acusados estaba firmada desde antes que se realice la audiencia en el Juzgado de Garantías Nº3 donde las partes expusieron sus puntos de vista. En ese mismo sentido, luego de conocida la denuncia, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Poder Ejecutivo negó el hecho y dijo que el interno padecía problemas psiquiátricos y que había intentado suicidarse. La nota de la Defensoría describe también que “personal del SPP recorrió los pabellones solicitando a los internos que suscriban notas” contra la víctima, “las que luego fueron publicadas en los medios”. En ese contexto, el Ministerio Público de la Defensa alertó: “queda claro que el propio gobierno se está ocupando de la protección de los penitenciarios y realiza una campaña de desprestigio hacia la víctima y una defensa corporativa de sus agentes”. Agregó, que “esta situación genera como consecuencia un creciente temor e inseguridad en el resto de los internos, a quienes se les transmite explícitamente el mensaje que si denuncian los abusos que padecen, no se les va a creer”.

Un sistema colapsado

En la petición ante la CIDH, la Defensoría describe el cuadro de las unidades dependientes del Servicio Penitenciario Provincial que cuenta con alrededor de 1400 alojados, mientras que se estima que 1100 personas se encuentran privadas de su libertad en comisarías: un alto porcentaje con condena firme y esperando cupo en establecimientos penitenciarios, “los cuales se encuentran colapsados”. En el caso puntual de la Alcaidía de Resistencia, en la misma se encuentran albergados 530 internos cuando su capacidad real es para 270, de acuerdo a los datos del propio director del SPP. En los últimos años, se habilitó un nuevo módulo dentro del edificio de la Alcaidía destinado a condenados por delitos de narcomenudeo. No obstante, subraya la Defensoría, “el resto del edificio de la Alcaidía continuó funcionando en condiciones infrahumanas”. Con respecto al fuero de narcomenudeo, que fue traspasado a la órbita provincial, puntualiza que llevó a la “sobrecarga del sistema punitivo policial y judicial provincial como también a la sobrepoblación de los establecimientos penitenciarios provinciales, los cuales de antemano estaban colapsados de los condenados por delitos ordinarios”.

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