Violencia en la Alcaidía: el Comité contra la Tortura del Chaco y la Defensa ya son querellantes en la causa

El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) y la defensora oficial N° 5 fueron aceptados como querellantes particulares en la causa penal en la que se investigan presuntas torturas y otros delitos de violencia institucional cometidos por personal penitenciario contra un interno de la Alcaidía de Resistencia el jueves 23 de agosto. Pidieron que se mantenga la detención de los imputados porque podrían entorpecer la investigación estando en libertad.

El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco y la defensora oficial N° 5, María Daniela Acosta Calvo, fueron aceptados como querellantes particulares en la causa que se tramita ante la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos en la cual seis agentes penitenciarios fueron imputados por presunta tortura contra un interno de la Alcaidía de Resistencia el jueves 23 de agosto pasado.

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El planteo del Comité 

La presentación fue realizada y aceptada este martes ante la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos y lleva la firma de la presidenta del CPTCh, Ariela Alvarez, y el patrocinio del abogado Paulo Pereyra, también miembro del organismo, y en el marco de las competencias asignadas por la ley Nº 1798-B (antes Ley Nº6483 de creación del CPTCh). Con fundamentos similares, lo hizo la titular de la Defensoría Oficial N° 5, María Daniela Acosta Calvo.

Para el CPTCh, las conductas de los seis agentes del Servicio Penitenciario Provincial imputados son encuadrables en el delito de “tortura” en calidad de co-autores, en concurso real con el delito de “violación impropia” agravada. El planteo del organismo comprende a los seis agentes actualmente imputados y también a quién/es pudiera/n resultar responsable/s como autores, cómplices, instigadores, o encubridores del hecho penal en vía de investigación, naturalmente sujeta a las resultas de la investigación que se instruya en esta causa.

Con respecto al delito de violación, la presentación señala que corresponde considerar su autonomía respecto de otros tipos penales como la tortura, tormentos y violencia, “porque se endereza a buscar otros fines, aunque coincidentes, además de que desde el inicio son distintos los bienes jurídicos protegidos”, tratándose este último de un delito contra la integridad sexual.

La peligrosidad procesal de los imputados en libertad

Desde el organismo solicitaron, además, que se sostengan las detenciones efectuadas y se disponga el dictado de la prisión preventiva para los imputados. Al respecto, consideraron que, al tratarse de un caso de violencia institucional, “no procede bajo ninguna excusa continuar la investigación con los imputados en situación de libertad”.

En ese sentido, describieron cuatro elementos que justifican la restricción de libertad para los imputados: el riesgo para la integridad física de la víctima -por lo cual se tramita una acción de habeas corpus ante el Juzgado de Ejecución Penal-, que la víctima permanece aún bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial -alojado en el Centro de Detención Transitorio de Barranqueras-, que restan un cúmulo importante de medidas probatorias en las que “el número de partícipes y la naturaleza de la energía criminal desplegada resultan una proyección clara, seria y cierta de peligrosidad procesal para dichas diligencias” y, por último pero no menos importante, por las declaraciones de público conocimiento efectuadas por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Provincia del Chaco, Néstor Florentín, que dan cuenta de “la cerrada defensa de la estructura del Servicio Penitenciario Provincial para con estos hechos de gravedad institucional”.

Concluye la presentación del CPTCh que la medida cautelar de privación de libertad es necesaria “para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales en la investigación que se lleva adelante en la causa”.

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