Lavado II: la Fiscalía aconseja rechazar planteo de jueza provincial y ratificar la competencia federal

Así lo señala un dictamen firmado por el fiscal federal Federico Carniel -que subroga al fiscal de primera instancia Patricio Sabadini- remitido a la jueza federal Zunilda Niremperger quién debe resolver sobre la solicitud de la jueza de Garantías N°3 de Resistencia, Rosalía Zozzoli, para que la investigación en la que se encuentra procesada, entre otros, la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala, pase a la justicia provincial.

Aída Ayala, diputada nacional de Cambiemos.

En un dictamen firmado este martes, el fiscal federal Federico Carniel aconsejó a la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger que rechace el planteo de incompetencia por declinatoria efectuado por la titular del Juzgado de Garantías N°3 del fuero ordinario, Rosalía Zozzoli, y ratificar la competencia federal para seguir interviniendo en el marco de la causa conocida como “Lavado 2” o causa “PIMP” en la que se encuentran procesados por el delito de presunto lavado de activos agravado la diputada nacional por Cambiemos, Aída Ayala y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo. Ahora, la última palabra será de la magistrada federal que deberá resolver si ratifica su competencia y prosigue con la causa o acepta el planteo de la jueza Zozzoli.

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Cabe recordar que para el próximo 6 de septiembre la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia convocó a todas las partes a una audiencia para analizar los procesamientos dictados en primera instancia por la jueza Niremperger y donde también se despejaría el camino para avanzar con el desafuero de la legisladora nacional por Cambiemos, Aída Ayala.

La fundamentación

En su dictamen, al que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, el fiscal Carniel consideró que los argumentos esgrimidos por la jueza Zozzoli “resultan insuficientes por lo menos para hacer lugar a la declinatoria articulada por la justicia ordinaria”. En primer lugar, el representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que en la resolución no se observa “un análisis particularizado de los argumentos de quienes acudieron a aquella jurisdicción” sino, por el contrario, si “se ha ocupado de contestar cada uno de los aspectos analizados por el agente fiscal (provincial), con lo cual parece convertirse éste en quien articuló o puso en movimiento el sistema de justicia (provincial), cuando en realidad lo fue su contra parte”. Y, en ese sentido, aseguró que “no se alcanza a entender por qué motivo asiste razón a los letrados Gaitán y Argarate” (defensores de Rolando Javier Acuña, exdirector de PIMP SA).

“Confusión”

Carniel sostuvo que la resolución adolece de otros “defectos” y, en ese sentido, señaló que la jueza Zozzoli “confunde delitos precedentes con bien jurídico protegido por la norma contenida en el delito de lavado de activos, afirmando aspectos tales como que existe un orden económico y financiero municipal de la ciudad de Resistencia (bien jurídico) el cual se vería afectado por conductas delictivas a las que denomina delitos precedentes”.

El fiscal Carniel afirmó que “el delito precedente es eso, nada más que un ilícito que genera beneficios económicos, mientras que el delito de lavado de activos es aquel a través del cual se da cierta apariencia a fondos provenientes de un ilícito a través de alguno de los comportamientos o acciones ya citadas”.

Lavado de dinero, un delito contra el orden económico financiero

Con respecto al delito de lavado de dinero, el dictamen subrayó que “es un delito pluriofensivo en lo que respecta al bien jurídico protegido por la norma penal, ya que afecta mediatamente la administración de justicia y en ciertos casos la libertad de competencia, pero el bien jurídico que tuvo en miras el legislador actual ha sido primordialmente el orden económico financiero”. En ese contexto, puntualizó que “el delito de lavado de activos perjudica la estabilidad y la solidez del sistema financiero, ya que esta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal produce que el público pierda credibilidad respecto del sistema económico”.

“El lavado de dinero es un serio problema que afecta el orden económico y financiero y que juntamente con la corrupción distorsiona la toma de decisiones económicas, agrava los males sociales y amenaza la integridad de las instituciones financieras a nivel global, actuando solapadamente, disimulando los activos de proveniencia ilícito”, recalcó.

Criterio definido por la Corte Suprema

Por otro lado, el fiscal Carniel también cita parte de un fallo de la Corte suprema de Justicia que sostiene que “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una preocupación prioritaria del Estado Nacional -que se ha comprometido internacionalmente con ella- toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo no sólo para la estabilidad de los sistemas democráticos y el desarrollo de sus economías, sino, fundamentalmente, para la libertad de los ciudadanos”. Y agrega que “estamos frente a un delito que transgrede las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofenden la soberanía y la seguridad de la Nación o tiendan a la defraudación de sus rentas y obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados” art. 33 inc. c del Código Procesal de la Nación”.

 

 

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