Fallo judicial flexibiliza restricciones a la utilización de agrotóxicos en el Chaco

Así lo dispone una acción de amparo dictada por la jueza Civil de Charata, Lorena Címbaro Canella, que declaró inconstitucional el artículo 42 del decreto reglamentario de la ley provincial de Biocidas en la regulación del rol de los ingenieros agrónomos para la receta agronómica. Fue en el marco de la presentación de una empresa que comercializa agrotóxicos pero tiene alcance para todos los casos.

Agrotóxicos: fallo judicial elimina la exigencia de receta agronómica para fumigar

“(…) La tutela del ambiente, no significa detener el progreso, sino por el contrario, hacerlo más perdurable en el tiempo de manera que puedan disfrutarlo las generaciones futuras”, sostiene en sus fundamentos un reciente fallo dictado por la jueza Civil, Comercial y Laboral de Charata, Lorena Cimbaro Canella. La acción de amparo declaró inconstitucional el artículo 42 del decreto reglamentario del capítulo IX de la ley de Biocidas eliminando todo tipo de regulación a la actividad de los ingenieros agrónomos para confeccionar la receta agronómica que habilite la venta, transporte y aplicación de pesticidas en el territorio de la provincia del Chaco. Lo más trascendente es que la resolución tendrá aplicación “erga omnes”, es decir, en todos los casos similares al planteado por el Centro de Distribuidores de Insumos Agrícolas Asociación Civil, que impulsó la presentación judicial ante el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica del Chaco, autoridad de aplicación de la ley.

Advertisement

En primera instancia, el juez de Paz de Charata, Alvaro Llaneza, había hecho lugar a una medida cautelar receptando el planteo y declarando inconstitucional el requisito de la receta agronómica pero luego la anuló al rechazar la acción de amparo que fue apelada ante el Juzgado Civil y Comercial de esa localidad, que actúa como tribunal de Alzada.

El artículo 42 declarado inconstitucional

La “agricultura”, como “fuente de crecimiento económico”

Como “cuestiones previas”, la jueza Cimbaro Canella desplegó una batería de argumentos en defensa de lo que denominó “la agricultura” a la que definió como una “importante fuente de crecimiento económico para las provincias que la explotan y los países en desarrollo”. Ponderó, además, que la “creación de infraestructura y trabajo en una población es uno de los beneficios más importantes de la operación agrícola en la medida que incentiva el desarrollo de otras actividades económicas; como ocurre en toda esta zona y regiones aledañas”. Reconoció, en ese contexto, que “la actividad agrícola es una de las actividades económicas que genera más reacciones encontradas, por el potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones”. Aconsejó, al respecto, el diálogo y el consenso entre el Gobierno, la comunidad y los representantes de la actividad agrícola y que para cada proyecto agrícola se realice “el análisis riguroso de los efectos ambientales y los estudios de impacto económico-sociales de los mismos”.

“No afecta el derecho ambiental y a la salud”

En la medida, que fue dictada el 16 de agosto y difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, la jueza reconoció, por un lado, que la exigencia de la Receta Agronómica “posee un fin protectorio socialmente relevante”; no obstante, advirtió que lo normado “resulta restrictivo del desempeño independiente de la profesional de ingeniero agrónomo, al circunscribir su ejercicio a un determinado radio de kilómetros (100 km.), y hasta una cierta cantidad de asesorías técnicas (5 asesorías), normativa que resulta inconstitucional, por ser arbitraria y privativa de esa libertad”.

En otro tramo de su fundamentación, la magistrada consideró que la declaración de inconstitucionalidad “no confronta, ni mucho menos afecta al derecho ambiental y la salud, de manera tal que pueda configurarse un grave perjuicio para el orden institucional o los derechos constitucionales o convencionales supremos”.

Advertisement
Compartir