Juicio a Las Marías: absolvieron al único acusado de la desaparición de un trabajador yerbatero

La justicia federal de Corrientes libró de culpa al coronel retirado Héctor Torres Queirel, por la desaparición de Marcelo Peralta en la dictadura cívico militar. Además, remitieron la causa a la fiscalía para que investigue al dueño de la empresa de la Yerba Taragüí, Adolfo Navajas Artaza.

De anteojos, el imputado, Héctor María Torres Queirel, junto al colega yerbatero 'Pancho' Szychowski, de Amanda.

La justicia federal de Corrientes absolvió al único imputado por en la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores yerbateros del Establecimiento Las Marías. Se trata del coronel del ejército retirado Héctor Torres Queirel, ex intendente de facto de Gobernador Virasoro y administrador de la estancia yerbatera María Aleida, donde fue secuestrado, el 29 de julio de 1977, el delegado de Fatre (hoy Uatre) Marcelo Peralta, víctima de la causa.

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En el veredicto los jueces aceptaron remitir los testimonios y las nuevas pruebas que vinculen a Adolfo Navajas Artaza, titular de la firma productora de la yerba Taragüí y que había sido apartado de esta causa en la instrucción, para que se investigue su posible complicidad.

Torres Queirel, que todavía vive en la estancia donde fue secuestrado Peralta, fue absuelto por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes. El juicio duró casi dos meses. Comenzó el 2 de julio y desde el inicio los magistrados evitaron que se hable de la posible responsabilidad de Adolfo Navajas Artaza. Concluyó este jueves con otra decepción: no hubo justicia para ningún responsable, ni civil ni militar.

“Es un golpe que lo hayan sobreseído absolutamente. Esperábamos aunque sea una responsabilidad compartida. Lo que está haciendo el juez con esto es negar la represión en General Virasoro, porque Torres Queirel era junto con los empresarios parte del esquema de represión”, dijo Noemí Acuña, familiar de víctimas de la dictadura en Gobernador VIrasoro, ubicada a 300 kilómetros de la capital correntina, donde la dictadura desapareció a Peralta y Neri Pérez y secuestró a otros 22 trabajadores.

“No nos sorprende este veredicto porque es el producto de un andamiaje para ocultar estos delitos, porque recordemos que 19 jueces se excusaron de investiga esta causa para no investigar a Navajas Artaza y el que aceptó lo primero que hizo fue sobreseerlo sin interrogarlo”, se quejó Acuña.

En una entrevista con Tiempo, el fiscal Flavio Ferrini había advertido la intencionalidad para evitar menciones a la responsabilidad empresarial. “La particularidad de este juicio es que no se está revisando la posible responsabilidad empresarial de Las Marías, no se lo está revisando a propósito y ni siquiera se está dejando hablar de eso”, dijo.

En su alegato, el fiscal había pedido seis años de prisión para el interventor militar del municipio de Virasoro, pero también que remitan las nuevas evidencias y testimonios surgidos en el juicio al juzgado federal de Paso de los Libres para iniciar una nueva investigación sobre el titular de Las Marías.

“No quedan dudas a este Ministerio Público Fiscal de la responsabilidad que le cabe al Sr. Adolfo Navajas Artaza, del Establecimiento Las Marías, quien si bien fue sobreseído (en 2009, al inicio de la causa), solo lo fue por el hecho del secuestro del Sr. Neris Victoriano Pérez, mas no por su responsabilidad en los otros hechos ventilados en este debate”, precisó el fiscal en su alegato.

En ese sentido, los jueces dispusieron “poner a disposición del ministerio público fiscal las piezas pertinentes a los fines preceptuados por el artículo 120 de la Constitución y 5 del Código Procesal Penal conforme lo peticionado”. En concreto, le enviaron las actuaciones a Ferrini para que investigue a Navajas Artaza.

El veredicto fue leído este jueves en una sala de audiencias con poco público debido a las restricciones impuestas por el tribunal. Al finalizar la lectura, el fiscal Ferrini dijo a la prensa que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal, luego de que se conozcan los fundamentos, el próximo 6 de septiembre.

 

 

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