El abuso sexual en la infancia se debe investigar, sostiene una resolución de la Cámara de Apelaciones

Fue al revocar una decisión de la jueza de Garantías Nº3, Rosalía Zozzoli, quién había modificado la calificación del delito realizada por el fiscal y sobreseyó a un sujeto que fue denunciado por abusar de su hijastra cuando tenía entre los 6 y los 9 años. Para la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los tratados internacionales obligan al Estado a investigar esos hechos. Similitudes con el caso Pacce.

Violencia contra niños

A los 22 años, A.C denunció que su padrastro abusó de ella cuando tenía entre 6 y 9 años, en su domicilio del barrio San Cayetano de Resistencia, entre los años 2000 y 2003. El fiscal penal Nº 6, Roberto Villalba, imputó al padrastro por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la relación y por la situación de convivencia con la víctima”. Sin embargo, la jueza de Garantías Nº 3, Rosalía Zozzoli, modificó la calificación del delito y decidió sobreseer por prescripción al acusado. La medida fue apelada por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocada, finalmente, por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia.

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La resolución, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 16 de agosto pasado, y lleva la firma de los camaristas Gustavo Serrano, Mercedes Noemí Riera y Héctor Geijo. En la misma revocaron la decisión de la jueza Zozzoli quién había modificado la calificación del delito por el que se había imputado al denunciado y lo sobreseyó al considerar prescripta la acción penal. En ese contexto, los camaristas consideraron que se debía mantener la calificación del original del delito del fiscal Villalba: “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por la relación y por la situación de convivencia con la víctima”.

Quienes pudieron denunciar el hecho, no lo hicieron

Los camaristas consideraron que correspondía aplicar el artículo del Código Penal que refiere que “la prescripción de la acción se suspende mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule denuncia por sí o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad”. En ese contexto, los jueces advirtieron que “que la denuncia fue efectuada al cumplir la mayoría de edad, por la víctima, aun existiendo otras personas que años antes fueron anoticiadas del suceso”. De la resolución de la Cámara, se desprende que la víctima había relatado el hecho a su madre, a preceptores y a otras personas de su entorno “que podrían haber denunciado el hecho y no lo hicieron”, y que dejaron a la víctima “en un estado de vulnerabilidad mucho mayor que el comprendido en la franja etaria de su vida, en que se produjeron los hechos acaecidos”. Recalcaron, además, que “la vulnerabilidad ha sido máxima, atento a que sólo contaba con 6 años de edad, al momento de inicio de los abusos”.

Mujer y niña

En otro orden de cosas, los camaristas hacen referencia a que los principios de fondo que operan en el proceso penal “deben conjugarse” con los nuevos, que incorporan normas y pautas signadas por la suscripción de los Tratados de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, como la Convención de Belém do Pará para la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese contexto, reconocen que “si bien ya se encontraban incorporados a nuestro bloque de constitucionalidad, con anterioridad a las últimas reformas del Código Penal –que declara imprescriptible el delito de abuso sexual en la infancia-, no fueron tenidos en cuenta por el ordenamiento interno, sino hasta hace pocos años”.

Al respecto, los magistrados puntualizaron que en el caso se debe aplicar la normativa “que respete el efectivo compromiso asumido por nuestro país, como Estado Parte, en las convenciones internacionales de Derechos Humanos, en particular, relativas a la salvaguarda de los derechos de los colectivos más vulnerables, esto es, la víctima mujer y el niño, promoviendo y garantizando el efectivo acceso a la Justicia y el procedimiento eficaz”.

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