La jueza Zózzoli argumentó su pedido de investigar los delitos de ‘Lavado II’

A través de un comunicado oficial, el juzgado de Garantías Nº3 de Resistencia, a cargo de Rosalía Zózzoli, explica por qué declaró la competencia del fuero ordinario para entender en el Expte. Nº FRE 138/2018 caratulado “Sampayo Facundo Alfredo y otros S/asociación ilícita inf art 303 y infracción ley 24.769”.

Tribunales en la Av. 9 de Julio, Resistencia.

Lo hizo, “conforme a la presentación efectuada por los abogados Adrián Maximiliano Gaitán y Mario Hipólito Argarate, como defensores de Rolando Javier Acuña, quienes sostienen que los delitos que fueran endilgados a su defendido pertenecen a la competencia de la justicia ordinaria”.

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“Por ello, la jueza solicitó la declinatoria de competencia a la jueza Federal Nº 1, doctora Zunilda Niremperger, en ese expediente. Con la consecuente remisión de las actuaciones al fuero ordinario, es decir, al Juzgado de Garantías Nº3, para dar trámite a la prosecución de la investigación penal preparatoria.

Los argumentos de la resolución pretranscripta tienen coincidencias con la que el juez de Garantías Sandoval expuso en la resolución que dictó el 2 de mayo del corriente año”, señala el escrito.

Fundamentos
La decisión de la titular del juzgado de Garantías Nº3 quedó plasmada en la resolución 147/18 del miércoles 15 de agosto en la cual, además, dejó planteado que, “debe repararse que, pese a que se intente sostener que el delito de lavado de activos es un delito de competencia federal, en el caso particular y, en el supuesto de que oportunamente se logre verificar las conductas sospechadas, no se configuraría una afectación a los fondos del Estado Nacional o sus intereses, o sus rentas, o el buen funcionamiento de los empleados o funcionarios que la representan”.

Y aclara que, “antes bien, de las circunstancias que rodean los hechos que se juzgan, se observa que quien resultaría directamente perjudicado producto de las supuestas maniobras espurias, sería el orden económico y financiero municipal de la ciudad de Resistencia, mediante conductas delictivas (delitos precedentes) que son definitivamente de competencia ordinaria”.

Por todo ello, se sostiene que la magistrada consideró que la competencia para investigar en la causa antes mencionada, “corresponde al fuero ordinario o provincial, puesto que no existen motivos de orden público que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados…”.

“Queda claro, que quienes se perjudican son los ciudadanos que habitan el suelo chaqueño y, específicamente aquellos que residen dentro ejido municipal de la ciudad de Resistencia; por cuanto no trasciende más allá de esta jurisdicción”, subrayó la jueza Zózzoli.

En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos esgrimidos a lo largo de los considerandos (haciendo un análisis e interpretación de la normativa aplicable), la magistrada entendió que el planteo de incompetencia interpuesto por la defensa técnica de Acuña, “debe prosperar”.

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