Aseguran que denegar el acceso al aborto seguro “equivale a tortura” contra las mujeres

Así lo señala la opinión del Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco en una nota que fue enviada a las comisiones del Senado de la Nación que analizan el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que se tratará en el recinto el próximo 8 de agosto. En base a las convenciones internacionales, desde el organismo afirmaron que el proyecto "es respetuoso de los derechos fundamentales".

Foto: El Cronista

El Comité de Prevención de la Tortura, otros Tratos y Penas crueles, Inhumanos y/o Degradantes envió a las Comisiones del Senado de la Nación, y a sus respectivas/os Presidentas/es en particular, su opinión considerando que el Proyecto de Ley sobre Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E) “es respetuoso de los derechos fundamentales”.

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Tal consideración se basa en que tanto la Ley Nº 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, como la ley nº 1798-B (antes Ley N° 6483) que establece el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en nuestra provincia, tiene como finalidad la prevención de la violencia institucional.

En este sentido, el Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año 2016 expresa que “las mujeres y las niñas se enfrentan a considerables dificultades para acceder a los servicios de aborto legal por las trabas administrativas y burocráticas, la negativa por parte de los profesionales sanitarios a respetar los protocolos médicos que garantizan los derechos jurídicos, así como por las actitudes negativas y la incompetencia o el desinterés oficiales.

“Denegar el acceso al aborto seguro y someter a las mujeres y niñas a actitudes humillantes y sentenciosas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad y en las que es esencial acceder en el plazo debido a la asistencia sanitaria equivale a tortura y malos tratos”, señalaron desde el Comité.

En ese contexto, puntualizaron que “los Estados tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas que perpetúan la tortura y los malos tratos al negar a las mujeres el acceso al aborto y a la asistencia en condiciones de seguridad”.

Advirtieron, además, que “sigue siendo motivo de preocupación que se limite el acceso a la asistencia médica en los abortos con el fin intolerable de imponer un castigo u obtener una confesión para emplearla en juicios tras habérseles practicado un aborto clandestino”.

Por último, concluyeron que “en concordancia con la normativa internacional adoptada por el Estado Nacional y el Estado Provincial en torno a la prevención de la tortura, el C.P.T.Ch observa con satisfacción la redacción del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E)”.

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