Abuso sexual en la infancia: los fundamentos del juez Sandoval en favor del derecho de las víctimas

El titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, consideró que el Estado “debe asegurar la garantía de la tutela judicial efectiva a la víctima del delito y/o sus familiares”, con “prescindencia” de que se puedan o no aplicar sanciones penales. En el caso, citó las Convenciones por los Derechos del Niño y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Tras hacer lugar a la oposición al archivo de dos causas por abuso sexual en la infancia, el titular del Juzgado de Garantías Nº 2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval, dio a conocer el viernes 13 de julio los fundamentos de su resolución. Lo hizo en franca discrepancia con la fiscal de investigaciones Nº 9, Daniela Meiriño, quién había sostenido que debían ser archivadas por prescripción –en base al delito de abuso deshonesto simple- las denuncias de Rosalía Alvarado y María Belén Duet contra el exdiputado nacional del PJ, Daniel Pacce y su esposa Noemí Alvarado de Pacce. Los hechos tuvieron lugar cuando las víctimas tenían entre 5 y 12 años.

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“Por mandato internacional el Estado debe asegurar la garantía de la tutela judicial efectiva a la víctima del delito y/o sus familiares (arts. 8.1 y 25.1 de la Convención Americana), con prescindencia de que por el tiempo transcurrido sea posible, o no, aplicar sanciones penales”, señala entre sus conclusiones el juez Sandoval, en una resolución a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM. En ese contexto, considera que “es la postura que mejor armoniza con la interpretación que otorga mayor operatividad a las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el orden internacional, y al mismo garantía que también asiste a toda persona sometida a proceso penal o denunciada, de que se resuelva su situación frente a la ley penal en forma total y definitiva”.

Supremacía de las Convenciones Internacionales

Según el juez Sandoval, los principios jurídicos fundamentales de la Ley N° 27.206, que estableció la imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra menores de edad, “rigen desde la incorporación de la Convención de Belém Do Pará, en 1996, y de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1990, al derecho interno (art. 75 inc. 22 de la CN). Con respecto a la prescripción, el magistrado subrayó que “para la época de la probable prescripción de los hechos delictivos denunciados (1986 los últimos), ya se encontraban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma de la Ley N° 27.206”.

En ese sentido, el magistrado precisa que el Estado Argentino ya había adquirido como Estado Parte y Signatario en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Ley N° 24.632 y mod., en vigencia desde el 01/04/96), la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las mujeres. Lo mismo sucede con la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley N° 23.849 y modif., promulgada de hecho el 16/10/90), que obliga a los Estados partes a adoptar todo tipo de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger el “interés superior de niño”.

La instrucción del Procurador General para todos los fiscales

Vale mencionar que para fundamentar su dictamen, el juez Sandoval también citó la Resolución Nº 8 del 15 de Febrero de 2018 firmada por el Procurador General del Chaco, Jorge Canteros, que determinó como instrucción general para todos los fiscales de la provincia que “en todos los casos de abuso sexual infantil y de adolescentes, deberá agotarse la investigación penal hasta una decisión total y definitiva en el marco procesal correspondiente, entendiéndose ésta como única forma de garantizar y asegurar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”.

 

 

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