El titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Horacio Simón Oliva, confirmó el sendero de lo que se convertirá en un caso de impunidad: condenó a los cuatros imputados por el asesinato de Víctor Hugo Cindric a una pena de tres años y ocho meses de prisión y a otro de los agentes a dos años, por lo que los cinco quedarán en libertad en caso de quedar firme la sentencia ya que se encuentran detenidos desde el momento del hecho, el 17 de octubre de 2014. Desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que actuó como querellante, ya se anticipó que apelarán la sentencia ante el Superior Tribunal de Justicia.
Los agentes Ernesto Catalino López, Héctor Fabián Méndez, Diego Juan Gallardo, Alfredo Fabián Dorado fueron condenados a una pena de tres años y ocho meses de prisión por el delito de “vejámenes agravados por el uso de violencia y con fines de venganza y homicidio preterintencional, en concurso real”; y teniendo en cuenta el plazo de tiempo que llevan detenidos, quedarían automáticamente en libertad. En tanto, Rafael Toledo, quién estaba a cargo de la Comisaría de Tres Isletas cuando golpearon hasta matar al joven de 18 años, recibió una pena de dos años.
Se consolida un fallo vergonzoso
El camino judicial lamentable comenzó a construirse en diciembre de 2017 cuando la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia que había condenado a perpetua a los cuatro policías por el delito de “tortura seguida de muerte” y a cinco años a otros dos por el delito de “encubrimiento agravado”. El máximo tribunal consideró que no hubo torturas contra Cindric y ordenó que se realice un nuevo juicio pero con una calificación más benigna que dejaba la puerta abierta para la liberación de los culpables, lo que finalmente quedó confirmado este viernes por la resolución del juez Oliva.
Tras esa resolución de los ministros Rolando Toledo y Emilia Valle -integrantes por aquel entonces de la Sala Criminal y Correccional del STJ-, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y la Defensoría General recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal de la Nación dirima si la muerte de Víctor Hugo Cindric se trató o no de un caso de tortura seguida de muerte.
Álvarez: “Hablar de vejámenes y no de torturas es un eufemismo”
Consultada por CHACODIAPORDIA.COM, la presidenta del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Ariela Alvarez, consideró que “hablar de vejámenes y no de torturas es un eufemismo”. En ese sentido, aclaró que “en ningún momento en este proceso se discutieron los hechos, no es que se dijo ‘esto ocurrió’ y después alguien dijo ‘esto no ocurrió’. Los hechos siguen siendo los mismos: la ronda de patadas, los golpes, la causa de muerte con la fractura en la base del cráneo, no se discutió sino que se le ha dado una nueva calificación, se los ha interpretado y se les ha dado otro nombre”.
“En muy pocas horas, la violencia que se ejerció sobre este joven, lo llevó rápidamente a la muerte a partir de un golpe tan certero”, describió.
“Estamos hablando de personas que están entrenadas, que todos asumimos que deben saber lo que hacen, y que tienen el mandato del Estado de protección de las personas, entonces para nosotros resulta absolutamente inadmisible que alguien que representa la institución policial pueda ser causante de muerte”, afirmó.
“Es un mensaje muy embromado de la tolerancia que va a tener el Estado chaqueño respecto a este tipo de delitos”, reflexionó la presidenta del Comité. Admitió que “podemos discutir las sentencias, pero el mensaje hacia la comunidad y hacia las instituciones que representan al Estado era que no se iba a aceptar de ninguna manera que se cometa este tipo de delitos que desemboca con una persona muerta. Hoy, el mensaje claramente es otro”.
La postura del Comité
Con respecto a la postura del Comité Provincial de Prevención de la Tortura durante la audiencia de alegatos, Alvarez explicó que el organismo se abstuvo de pedir una nueva pena porque, al mantener la postura que se llevará ante la Corte Suprema de que se trató de un caso de tortura seguida de muerte, hubiese sido “contradictorio” solicitar una pena menor. “Lo quisimos explicar al juez y no se nos ha dado la palabra, lo que va a formar parte de las presentaciones posteriores que vamos a hacer porque no se nos ha dado la oportunidad de expresar esto en el ámbito del tribunal, que es donde corresponde”, explicó.
