Incendio en el Pabellón 8: la Provincia deberá indemnizar a familiares de uno de los fallecidos

En un fallo de primera instancia, la justicia chaqueña hizo lugar a la demanda de familiares de uno de los tres internos que murió tras el incendio de su celda en la Alcaidía de Resistencia. Según el juez, hubo responsabilidad del Servicio Penitenciario por no actuar a tiempo para evitar el hecho.

Incendio en el Pabellón 8 (Foto: archivo)

El domingo 22 de mayo de 2011, alrededor de las 4 de la madrugada, cuatro internos del Pabellón 8 de la Alcaidía de Resistencia prendieron fuego un colchón que luego arrojaron al interior de la celda N° 1 donde se hallaban otros cuatro alojados, tres de los cuales fallecieron a causa de las quemaduras. En 2015, los cuatro sindicados como autores del incendio fueron condenados a prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de personas, por ensañamiento y alevosía.

Pero la historia no concluyó allí, porque la madre y los dos hermanos de Víctor Fernández, uno de los internos fallecidos, demandaron al Estado provincial por considerar que los agentes del Servicio Penitenciario no hicieron lo suficiente para evitar su muerte. Ahora, un fallo de primera instancia les dio la razón y ordenó al Estado provincial indemnizarlos por un monto total de 350 mil pesos más intereses.

Según las declaraciones de dos testigos, el incendio fue provocado por algunos internos alojados en el Pabellón 8, a lo que se agregó “la inacción y la no intervención voluntaria del personal penitenciario que se encontraba de servicio, quienes no abrieron la puerta de reja del referido pabellón para rescatar a las víctimas, sino después de que Fernández, Zacarías y Acevedo –los tres fallecidos- se quemaran casi íntegramente”.

“Responsabilidad del Estado incuestionable”

La sentencia, que difunde como adelanto CHACODIAPORDIA.COM, fue dictada el 29 de junio pasado, y lleva la firma del juez Jorge Mladen Sinkovich, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia. En sus fundamentos, consideró que la causa del daño sufrido por los actores “ha sido la omisión por parte del Estado Provincial de tomar todas las diligencias debidas a los efectos de evitar los incidentes que se acaecieron”. A su vez, sostuvo que la demandada –la Provincia- “no probó en absoluto la concurrencia de una situación que la eximiera de responsabilidad, por lo que la responsabilidad del Estado resulta incuestionable”.

Según el juez Sinkovich, el Servicio Penitenciario “incumplió con las funciones que le son propias y que atienden a la observancia de la guarda, seguridad y preservación física de los internos, las que lejos de ser utópicas, delimitan el deber de garantía que atañe al Estado”.

“Tal omisión constituye un funcionamiento irregular del servicio en los términos del art. 1112 del Código de fondo, vulnerando el deber primario de garantizar la seguridad y la integridad de toda persona detenida consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional y pactos internacionales a los que nuestra Nación se ha adherido”, consignó el magistrado.

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