No sería tan sencillo, al menos en lo inmediato, que se efectivice el beneficio de la prisión domiciliaria para el exteniente coronel del Ejército, Tadeo Luis Bettolli, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en la causa Caballero I y, recientemente, a 12 años por la causa Caballero II. Además, se encuentra con procesamiento firme y pedido de elevación a juicio por la desaparición de un dirigente de las Ligas Agrarias del Chaco y también procesado en otra causa por tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad de presos políticos en la que sería la causa Caballero III.
En este contexto, los fiscales federales que integran la Unidad de Derechos Humanos de Resistencia, Horacio Rodríguez y Diego Vigay, interpusieron un recurso de Casación contra la medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia (TOFR) para que se de marcha atrás con la domiciliaria. Paralelamente, ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, dictaminaron por el rechazo de ese beneficio en la causa en la que Bettolli se encuentra procesado por la desaparición del soldado conscripto oriundo de la ciudad de Goya, Abel Arce, y por los tormentos agravados y la privación ilegítima de la libertad cometidos contra otros cinco presos políticos.
Según los integrantes de la Unidad de Derechos Humanos, el TOFR no analizó el riesgo procesal concreto que representaría la libertad de Bettolli para la investigación de búsqueda de los desaparecidos. El exteniente coronel del Ejército tiene responsabilidad en tres desapariciones: la del matrimonio de Pedro Morel y Sara Fulvia de Morel, por las que fue condenado en la causa Caballero II; y la de Abel Arce, soldado de Goya, que en 1977 fue visto en la Brigada de Investigaciones de Resistencia.
En el dictamen ante el Juzgado Federal de Resistencia, los fiscales consideraron también que el peligro de fuga de Bettolli “es muy alto”, en razón de la condena que se encuentra cumpliendo y el pronóstico de pena de las causas en las que debe ser juzgado aún y por la gravedad de los delitos imputados, todos crímenes contra la humanidad.
Además, recordaron que, ya en democracia, Bettolli fue sancionado como Jefe del Regimiento de Infantería de Monte N° 30, por participar de los levantamientos carapintadas de Campo de Mayo y Villa Martelli en 1988.
Idas y vueltas
Vale recordar que, en marzo pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado una decisión anterior del propio TOFR de rechazar la prisión domiciliaria de Bettolli por considerar que estaban dadas las condiciones para que la pena se cumpla en la cárcel federal de Campo de Mayo, en base a un dictamen de la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, y a que el propio juez del TOFR Juan Manuel Iglesias, había constatado personalmente las condiciones de alojamiento en el penal federal. Fundamentalmente, la preocupación estaba dada en que el complejo penitenciario contase con asistencia médica y condiciones que permitan el tratamiento sanitario del represor, quien superó los 72 años de edad.
Sin embargo, el 22 de junio pasado el TOFR dio marcha atrás con lo que había resuelto en enero -confirmado por Casación- y resolvió conceder el beneficio al represor. Ahora, en base a supuestos informes del equipo sanitario de la cárcel federal de Campo de Mayo y de una clínica privada lo que, según los representantes de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, no se toman como pericia y tampoco pueden ser equiparados a un dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, máxima entidad en la materia.
Bettolli, quién desde hace 10 años permanece alojado en la Unidad Carcelaria de Campo de Mayo, recibió el beneficio por parte de los jueces Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte, del Tribunal Oral Federal de Resistencia (TOFR), y, a partir de que quede firme esta resolución, podrá hacerlo en el departamento que posee en el barrio porteño de Núñez. En esas condiciones, será monitoreado en forma electrónica en el marco del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica creado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que conduce Germán Garavano.
