Lavado II: desestiman la eximición de prisión del empresario Pedro Martínez

Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, al rechazar la apelación de la defensa del empresario de la construcción contra una resolución de la jueza Zunilda Niremperger. Se encuentra procesado como partícipe necesario del delito de lavado de activos y como integrante de una asociación ilícita.

Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso de apelación y desestimó el pedido de eximición de prisión contra el empresario de la construcción Pedro Alberto Martínez dictado por la jueza federal Zunilda Niremperger. Martínez se encuentra procesado en una causa por lavado de activos cuyos principales involucrados son, entre otros, la exintendenta de Resistencia, Aída Beatriz Máxima Ayala, y el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Amaro Sampayo.

La resolución, firmada el 28 de junio pasado, lleva la firma de los ministros Eduardo Belforte –subrogante-, María Delfina Denogens y Rocío Alcalá. La defensa de Martínez había solicitado originalmente la exención de prisión y luego se agregó el planteo por la excarcelación o una detención domiciliaria. Así, se confirma la resolución de la jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.

Vale recordar que el 28 de mayo pasado Martínez fue procesado y embargado por un monto de 250 millones de pesos por los delitos de lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda, en calidad de partícipe necesario y de asociación ilícita, en calidad de autor. Este hecho sumó un elemento más a la balanza de los fundamentos con los que la Cámara Federal desestimó la excarcelación.

En la causa se investiga una presunta banda encabezada por la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del STM, Jacinto Sampayo, dedicada a “malversar fondos provenientes de las arcas de la Municipalidad de Resistencia” a través de la contratación de firmas vinculadas a personas afines para luego ingresar esos recursos “a su patrimonio o de terceras personas dándoles apariencia de licitud”.

“Peligrosidad procesal”

Además de advertir que la pena que le correspondería en caso de ser condenado sería de cumplimiento efectivo, la jueza Niremperger entendió que Martínez habría ocupado un lugar estratégico en la organización ilícita investigada, lo que le permitiría contar con recursos que obstaculicen la investigación en caso de recobrar la libertad, lo que se enmarca en lo que se conoce como “peligrosidad procesal”.

En ese contexto, los camaristas señalaron que “se vislumbra de la imputación fáctica efectuada al encartado que el mismo asumiría en la hipótesis delictiva investigada una posición predominante dentro del marco de los hechos, circunstancia que no puede perderse de vista dadas las particulares circunstancias que rodean la presente causa y su trascendencia”. A eso se suma los compromisos asumidos internacionalmente por la Argentina en la lucha contra el lavado de activos, que es delito investigado en esta compleja causa.

Los camaristas aclararon que, si bien tuvieron en cuenta los argumentos defensivos de que el imputado posee arraigo y carece de antecedentes penales, “en el análisis comparativo resultan de mayor peso y valor indiciario –de momento para el pronóstico que se realiza”.

En este contexto, la Cámara Federal de Apelaciones evaluó que la jueza Niremperger “consideró armónicamente las pautas establecidas por el Código Procesal para el dictado de medidas coercitivas”, y que “ha fundado correctamente la decisión con base en los supuestos establecidos en el digesto procesal; por lo tanto, la resolución en crisis no resulta irrazonable ni atentatoria de garantías constitucionales, como así tampoco de la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el fallo de mención, como postula la defensa”.

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