
El titular del gremio estatal sostuvo que “el gobernador de la Provincia, como jefe de Administración, tiene la responsabilidad de ratificar las convocatorias realizadas por Resolución; tanto para cobertura de cargos jerárquicos, como para el ingreso en la Secretaría General de Gobierno y Coordinación. Ya que tenemos personal precarizado de muchos años que desarrolla tareas de vital importancia y a la par del personal de planta permanente, pero con sueldos que están muy por debajo de salario mínimo vital y móvil”.
Niz señaló que “UPCP está legitimado por el Decreto 1773/09 para tratar lo relativo a condiciones de trabajo y empleo del personal del Escalafón General y desde el año 2010 ha planteado medidas activas en materia de ordenamiento de recurso humano. En ese marco ha promovido concursos de cobertura de cargos jerárquicos como por ejemplo en el Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Civil y Dirección Provincial del Trabajo”.
Agregó que “luego de esas convocatorias y a pesar de los reclamos para que los cargos jerárquicos vacantes de la Estructuras Orgánicas vigentes fueran cubiertos por concurso, las peticiones no han prosperado. Por eso consideramos que el paso dado en la Secretaría General de Gobierno y Coordinación, de llamar a concursos de antecedentes y oposición para cobertura de cargos jerárquicos vacantes e ingresos de personal con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios, es una medida que se debe respaldar. Y por ende, debe garantizarse su continuidad, hasta tanto el personal sea designado en el marco legal vigente, tal como se acordara en las distintas mesas sectoriales con el Poder Ejecutivo Provincial”.
Audiencia urgente con Peppo
El líder de UPCP, José Niz, reclamó y requirió, “una audiencia urgente con el gobernador de la Provincia, a los efectos de encauzar la problemática generada a partir de la posibilidad de suspensión del proceso de concurso que afecta los derechos del personal. Atento a que, los instrumentos legales de convocatoria, fueron notificados y publicados como lo marcan los Decretos 1618/2010 y 2645/15, para que la transparencia y la igualdad se garanticen durante el proceso”.