
“Es algo que constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país y que requiere de la intervención estatal de forma inmediata”, dijo.
Terada agregó que, “la precariedad en la tenencia y ocupación de la vivienda de aquellos hogares que no cuentan con derecho real de dominio, incide negativamente en la calidad de vida de las personas, por ejemplo, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos básicos” y agregó que esta iniciativa “representa uno de los principales factores del déficit habitacional estructural de nuestro país, y contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social”.
La diputada chaqueña recordó que un censo detectó cerca de 4.000 barrios populares donde habitan 800 mil personas “el problema es de una magnitud demasiado importante como para que el estado no intervenga, sólo en el Chaco tenemos 160 barrios populares que se verán beneficiados con esta ley y al tratarse de personas que habitan en condiciones de marginalidad y pobreza, el tema no admite más dilaciones. La integración urbana se ha tornado en una imperiosa necesidad para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna que establece el art. 14 bis de nuestra constitución”.
La iniciativa declara la utilidad pública y sujeción a expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 villas de emergencia, lo que permitirá la urbanización de esos asentamientos donde viven 3,5 millones de personas. “Estamos dando un paso clave en la principal política que tiene el Gobierno que es la lucha contra la pobreza. La aplicación de esta ley conllevará el esfuerzo de Nación, provincias y municipios y esto se traducirá en más y mejor federalismo. Estamos caminando hacia una Argentina con más igualdad”, celebró Terada y agregó: “Es un avance extraordinario, el hecho de que la persona tenga domicilio y propiedad porque eso le da identidad y ciudadanía, derechos humanos básicos”.
Terada dijo además que “sería muy raro que un gobernador no apoye esta iniciativa, de hecho, esta ley sería la base de una política revolucionaria en materia de vivienda en nuestro país”.