Militantes de Unidad Ciudadana denunciaron que la empresa estatal SECHEEP instrumentó “un mecanismo para obstaculizar la participación: en primer lugar se negó a entregar la información técnica necesaria y luego exigió para su entrega e inscripción a la audiencia cuál sería la ponencia de los asistentes con una presentación en soporte electrónico”.
Los denunciantes recordaron que un grupo de usuarios de ese espacio político acudió en primera instancia al Ejecutivo para solicitar la suspensión de la audiencia, aunque no hubo eco en aquella oportunidad.
Sí en cambio, informaron que el agente Fiscal 7, Dr. Horacio Leoni, se inclinó de manera favorable al planteo realizado en el Expte. N° 1672/18 “Rojo Alberto; Bolatti, Fabricio; Nuñez Rojas Claudia V. y Ciravolo Sebastián H. C/Serv. Energ. Del Chaco Emp del Edo. Pcial. (SECHEEP) Y/O Q RR S/Acción de Amparo”.
“El pronunciamiento del Fiscal asevera que la normativa aplicada por SECHEEP “resulta claramente inconstitucional, ya que viola las garantías constitucionales establecidas en el art. 42 de la Constitución Nacional y su ídem art. 47 de la Constitución de la Provincia del Chaco 1957-1994 referidas a los derechos del consumidor y del usuario… (y la propia normativa) que establece que el procedimiento de Audiencia Pública deberá garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad y gratuidad””, manifestaron desde UC.
Y ampliaron: “El fiscal recoge los planteos realizados en las presentaciones y manifiesta “Una de las cuestiones fundamentales para que el Estado y la sociedad avancen en el temas de as audiencias públicas es el fomento de la información, y evitar todo tipo de trabas, a fin de lograr una correcta y eficaz toma de decisiones”.
Concluye el pronunciamiento que la normativa aplicada “constituye un trato discriminatorio y que Va. Sa. debería acoger favorablemente la inconstitucionalidad planteada en autos”.
Desde UC manifestaron que aguardan el pronunciamiento de la Jueza actuante y, según interpretan, “no debería ser en otro sentido que declarar la inconstitucionalidad y establecer una nueva audiencia pública de acuerdo a los estándares reclamados. El amparo se inició por la incorrecta aplicación de la ley que reglamenta las audiencias públicas imponiendo condiciones que violan el principio de informalidad que debe regir en toda consulta pública, limitando así la participación de la ciudadanía en decisiones que son importantes para el destino de su propia vida, por lo que se aguarda que la Jueza tome una decisión ajustada a derecho resolviendo la nulidad de la audiencia pública realizada y la convocatoria a una nueva, retrotraer los aumentos e impedir que SECHEEP aplique futuros aumentos desmedidos e imposibles de pagar”.
Mientras tanto, desde el espacio político continúan juntando firmas para presentar a los poderes del Estado con la finalidad de retrotraer los injustos aumentos tarifarios.
