Niz, manifestó su “enérgico rechazo al Proyecto de Ley 1962/18, de Retiro Voluntario Móvil para empleados de la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y autárquicos, por constituir una medida aislada, que tiene como único objetivo reducir la planta de activos del Estado Provincial, sin prever medidas complementarias para que no se resientan los servicios públicos. Esto implicará menos servicios para el pueblo del Chaco”, aseveró.
Anticipando que aportó por escrito, a la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto los argumentos que fundamentan la posición gremial.
Desde la UPCP, el secretario General de la entidad gremial, señaló que “este proyecto de ley se encuadra en las políticas de ajuste dirigidas hacia los trabajadores, por eso solicitamos se deje sin efecto el tratamiento”.
El dirigente sindical, responsabilizó a los legisladores de la importante función de advertir que la ley de retiro implica la reducción de los salarios y en un contexto inflacionario esta situación se agravará aún más.
También señalaron, desde el gremio estatal provincial, que “el proyecto no tiene en cuenta la realidad actual del trabajador, que percibe sumas en negro y horas extras, las que son excluidas en la conformación del haber de retiro. Lo que implica una detracción salarial que afecta derechos adquiridos y sobre todo la castigada economía del trabajador”.
Agregan que “la reducción de los aportes personales de Obra social, Fondo de Alta Complejidad, afectará la Caja de Obra Social, porque serán calculados sobre el haber de retiro”.
Más adelante, UPCP dice que “la ley al no prever mecanismos de equilibrio de la relación técnica activo –pasivo generará el incremento de déficit previsional. En la fecha esa relación es de 1 y ½ activo por 1 pasivo, cuando la adecuada debiera ser que 5 activos que con sus aportes solventan la remuneración jubilatoria de un personal en pasividad”.
Por último, refieren al incremento en el desfinanciamiento del INSSSEP, la eliminación de los cargos autorizados y presupuestados lo que implicaría un déficit del recurso humano en las diferentes jurisdicciones, y que se anuncia “un retiro móvil pero en la realidad de los hechos no se incorporarán nuevos beneficios producto de conquistas laborales, y por ende tampoco en la futura jubilación, provocando una detracción salarial a futuro”.
A modo de conclusión, afirmó Niz que “este proyecto solamente cumple con el Pacto de Responsabilidad Fiscal y el ajuste nacional, y es una medida en contra de los trabajadores y sus familias que dependen de un salario para satisfacer sus necesidades”.
