“Blaquier y Lemos van a ser los grandes ausentes en el juicio y son los grandes responsables”, dice la abogada querellante Paula Álvarez Carrera a horas de que comience el sexto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, que ventilará la responsabilidad empresarial en la dictadura cívico militar del Ingenio Ledesma y de la Mina El Aguilar.
El debate que involucra 113 víctimas, 38 desaparecidas y 75 sobrevivientes, comenzará este jueves y tendrá en el banquillo de los acusados a 23 represores. Ninguno de ellos es el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, ni su gerente, Alberto Lemos.
La causa es una de las más esperadas en Jujuy y tiene coincidencias con el juicio a la Ford que se desarrolla en los Tribunales de San Martín en Buenos Aires: en un extremo y el otro del país el comportamiento empresarial durante la dictadura fue el mismo.
En el norte el debate revelará los hechos que ocurrieron en la Noche del Apagón, cuando en el invierno de 1976 la dictadura allanó cientos de viviendas y secuestró alrededor de 400 personas en Libertador General San Martín y en Calilegua, dos pueblos del interior de la provincia de Jujuy, que dependen económicamente del Ingenio Ledesma, empresa que aportó los vehículos en los que se realizaron los secuestros.
También revelará lo ocurrido en Mina El Aguilar, donde la empresa elaboró los listados de trabajadores que los represores debían secuestrar.
El juicio que comenzará este jueves 21 de junio es una megacausa que tiene 113 víctimas, 38 detenidos-desaparecidos y 75 sobrevivientes, en distintos hechos sucedidos en diversos lugares de la provincia, Libertador Gral. San Martín, Calilegua, El Aguilar, Tumbaya y Guerrero, entre otros.
El debate lo realiza el Tribunal Oral Federal N°1 de Jujuy, integrado por Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaráz. En la parte acusadora estarán los fiscales Carlos Amad y Julieta Souilhe y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de María José Castillo.
Los abogados Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte representarán a familiares y sobrevivientes. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la agrupación Hijos-Jujuy, son también parte querellantes.
